El féretro fue arrojado en las puertas de la radio de la Universidad por un vehículo.
El juez de Instrucción García Porta ordenó una serie de medidas, apenas llegó al lugar.

Hay que tener audacia y capacidad logística para robar un féretro de algún cementerio y arrojarlo en las puertas de una radio, a las diez de la noche, con tanta gente caminando por la calle. Así ocurrió el domingo, frente a la emisora LT10 de la Universidad del Litoral, donde un grupo de tareas dejó un ataúd con restos humanos y una carta con amenazas al juez federal Reynaldo Rodríguez, por una causa en la que investiga al terrorismo de estado durante la dictadura. La nota está firmada por un tal Rebecchi, un apellido que coincide con el ex jefe de Inteligencia de la Policía de la provincia, que también fue citado a indagatoria a pesar de que falleció el 14 de mayo del año pasado. "Estoy muerto, pero muerto de risa, por como los subversivos manejan la Justicia", dice el panfleto.
ROSARIO 12

El operativo comenzó alrededor de las 22, cuando una llamada anónima al canal de cable CyD advirtió sobre la colocación de un bomba en la emisora LT10. Y unos minutos más tarde, el féretro fue arrojado en las puertas de la radio por un vehículo no identificado. El juez de Instrucción José Manuel García Porta se constituyó inmediatamente en el lugar y ordenó una serie de medidas, entre ellas la búsqueda de huellas dactilares y la reconstrucción de la ruta del ataúd.

La amenaza al juez Rodríguez se articula en una campaña de intimidaciones contra denunciantes y querellantes en la causa -o su familia‑ que involucró, incluso, a uno de los secretarios del Juzgado Federal, Miguel Abásolo, víctima de una visita nocturna en su domicilio: un grupo de desconocidos destrozó la puerta de la casa con una barreta, provocó un gran desorden en el interior, pero no se llevó dinero ni objetos de valor, excepto una pistola calibre 22 propiedad del funcionario. El hecho ocurrió el sábado 19 de febrero, alrededor de las 22.15, en una zona con notable movimiento de personas y veinticuatro horas después de conocerse el procesamiento del juez Rodríguez a siete represores.

A principios de enero, el hijo de un matrimonio que reconoció un centro clandestino de la dictadura en San José del Rincón sufrió una encerrona a plena luz del día cuando un individuo lo agarró del cuello y le puso una pistola en la cabeza: "¿Vos sos Diego? Bueno, ¡decile a tus viejos que se dejen de hinchar las bolas porque la mano viene pesada! ¿Me entendiste?", le dijo el hombre que después guardó el arma en la cintura, ascendió a una camioneta Susuzi blanca, sin patente, con vidrios polarizado y se esfumó del lugar.

El ataque a Rodríguez desató una ola de repudios. El secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino condenó "el hecho intimidatorio y amenazante (ver recuadro), y la diputada nacional Alicia Tate repudió también las amenazas al juez Rodríguez, "que investiga la represión ilegal en Santa Fe durante la última dictadura". "Este tipo de intimidaciones impunes y perversas son un claro intento de desestabilización institucional que hay que esclarecer con celeridad para dejar en claro que en democracia la metodología del miedo y el terror no tiene cabida", dijo la legisladora que integra la comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Rodríguez ya procesó a siete imputados —entre ellos el ex juez Víctor Brusa‑ y llamó por primera vez a indagatoria para principios de abril a los máximos responsables de la represión en Santa Fe: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini.