El ex juez federal Amílcar Hermes Brusa intentó eludir la Justicia, pero
no tuvo escapatoria.
Ya No se hace pasar por psicólogo para entrevistar a una chica de 16 años detenida en la Guardia de Infantería Reforzada (Patricia ISASA) y decirle que no se queje por los malos tratos impartidos por los represores de Santa Fe. Ni invita con un cigarrillo a un hombre que acaba de ser torturado y le asegura que la sacó barata. Tal vez sea él quien hoy pida un cigarrillo, en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, donde estará alojado –él sí con todas las garantías de la ley– mientras se tramita su pedido de extradición a España. El ex juez federal Víctor Hermes Brusa, según aseguraron en tribunales, se entregó el jueves por la noche, acorralado por los allanamientos que había ordenado el juez Gabriel Cavallo para detenerlo a pedido de Baltasar Garzón.
PAGINA 12/Por Victoria Ginzberg

El jueves la policía buscó a Brusa en Santa Fe y en Capital. Por la noche, lo seguían de cerca en Buenos Aires, donde fue ubicado a través de su teléfono celular. Cuando llegaron al domicilio indicado, el portero aseguró que el ex juez se había vuelto a su provincia. Pero Brusa decidió dejar de ser prófugo y se puso a disposición de la justicia. Ayer por la mañana fue llevado ante Cavallo, quien había ordenado su arresto el 17 de setiembre pasado a pedido del juez español Baltasar Garzón, que quiere juzgarlo por “genocidio, terrorismo y torturas”.

La solicitud proveniente de Madrid incluía a 18 represores –doce marinos, cinco policías santafesinos y Brusa. La mayoría de los miembros de la Armada, que se habían desempeñado en la ESMA, se entregaron apenas se supo que Cavallo los buscaba y fueron beneficiados con la excarcelación. Lo mismo ocurrió con cuatro policías.

Brusa quiso asegurarse que él también iba a poder estar libre mientras se tramitaba el pedido de extradición y, aunque estaba prófugo, reclamó a través del abogado Pedro Bianchi su eximición de prisión. Pero Cavallo consideró que, a diferencia de la mayoría de las personas que figuraban en la lista enviada por Garzón, Brusa debía permanecer detenido porque al ser civil no podía ampararse en la supuesta protección de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y porque existía peligro de fuga.

El ex juez cambió de representante y nombró como abogado a Carlos Caride Fitte –ex defensor del ministro de Economía Domingo Cavallo–, pero Bianchi se presentó ayer en Comodoro Py para insistir en la excarcelación de Brusa. En la sala de periodistas facilitó un escrito en el que, junto con su colega Elda Berestain, argumentó: “es cierto que existió eliminación de personas, hecho sumamente reprobable pero lo fue únicamente para privar del apoyo logístico a la subversión”.

EDUARDO RAMOS
Eduardo Ramos, otro policía que se entregó el jueves en Santa Fe, también quedaría tras las rejas. En su caso se debería a que en 1979 fue condenado por corrupción de menores. Hasta hace pocos meses Ramos era empleado de la Municipalidad de Santa Fe. Y era candidato a segundo diputado suplente para las próximas elecciones por el Modín, el Frente de los Jubilados y el Partido Autonomista. Las tres agrupaciones solicitaron su exclusión de las listas luego de que trascendiera que su nombre figuraba en el pedido de Garzón.

Brusa fue destituido de su cargo de juez federal en Santa Fe al comienzo del año pasado, luego de que ocho ex detenidos se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para relatar que el hombre –cuando era empleado en el mismo juzgado– los obligaba a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura. La destitución del magistrado no fue fundada en su comportamiento durante el terrorismo de Estado porque los legisladores que lo nombraron conocían su legajo y el organismo que designa y remueve a los jueces no tenía atribuciones para revisar una decisión tomada por el Senado.

El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento se basaron en que en 1997 Brusa atropelló con su lancha y dejó sin asistencia a un nadador. Pero los antecedentes de complicidad con la dictadura fueron cruciales para definir su salida del Poder Judicial.

El trámite de extradición seguirá su curso, tanto para quienes se beneficiaron con la excarcelación como para los que seguirán detenidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya recibió los papeles desde el juzgado y debe enviarlos a Madrid. España tiene cuarenta días para presentar formalmente el pedido para que los acusados sean llevados frente a Garzón. El Gobierno argentino podía trabar el proceso pero si sigue con la línea que tomó cuando Italia reclamó a Alfredo Astiz, los 18 represores podrían ser juzgados en Argentina.