"Nos encontramos con una fiscalía que, por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
En cuanto al tribunal mismo, el 23 de marzo tendríamos otra reunión con la Suprema Corte de Justicia", explicó a La Capital Patricia Isasa.
| Por Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

No pasa lo mismo con la actuación de la Fiscalía que interviene en el caso, según sospechan los querellantes, quienes temen que las dilaciones en la constitución del tribunal no hagan más que disimular la pasividad y hasta "cierto nivel de compromiso de la fiscal".

   La mirada se posa directamente en la fiscal de la causa Brusa, aunque no se le formula objeción formal alguna hasta el momento.

   "Nos encontramos con una fiscalía que, por su cercanía (con el ex juez Víctor Brusa), nos despierta serias dudas. Frente a ello es que estamos solicitando una reunión con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para imponerlo de lo que sabemos y de los temores que tenemos con esta Fiscalía. Hay usos y costumbres según los cuales los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden. Y en cuanto al tribunal mismo, el 23 de marzo tendríamos otra reunión con la Suprema Corte de Justicia", explicó a La Capital Patricia Isasa, una de las víctimas de aquellos tiempos y de estos detenidos que, junto a otros, ayer se reunió con la vicegobernadora y ex fiscal federal, Griselda Tessio.

El grupo de sobrevivientes del terrorismo de Estado, querellantes y testigos que ayer recibieron el apoyo de Tessio para reclamar, de ser necesario, un tribunal integrado por gente de afuera de Santa Fe "dado que hay que preservar la Justicia, porque cuando la Justicia tiene problemas tiene problemas la democracia", estuvo integrado además de Isasa por Marcelo Bagkers, Roberto Cepeda, Ana María Cámara, Analía Ricotti, Graciela Roselló, José Schulman, Leticia Fascendini, Patricia Traba, Anatilde Bugna, Francisco Klaric, y Silvia Abdolatif .

   La primera de las causas fue iniciada en mayo de 2002 para investigar la acción de un grupo de represores con centro de actuación en la seccional 4ª de policía, la Guardia de Infantería Reforzada y otros sitios clandestinos todavía no identificados, entre los que se encuentran el ex juez federal Víctor Brusa, el ex jefe comunal de Rincón Mario Facino y los oficiales de la policía Eduardo Ramos, María Eva Aebi, Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, y el ex militar Domingo Marcellini.

   Recientemente, el conjuez Leandro Corti la elevó a juicio oral, pero desde entonces no se ha podido conformar un tribunal que lleve adelante el crucial trámite. Victimas y querellantes estudian por estas horas entablar acciones para que el tribunal se constituya con jueces de otras jurisdicciones, ya sean de la propia provincia o de otras.

Un imputado con relaciones.
"Uno de los acusados fue no sólo juez federal durante muchos años sino que actuó en este Juzgado Federal alrededor de 30 años, porque ingresó a la Justicia a los 18 años: el ex juez Víctor Hermes Brusa. Eso, al parecer, hace que casi no queden abogados en la ciudad de Santa Fe que por una razón u otra no hayan tenido alguna relación con el ex magistrado. Tal situación los inhibe de actuar como jueces de la causa o los somete a ser recusados por alguna de las partes", precisó Isasa.

   "De modo que el principal juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, conocido como la causa Brusa, está atravesando una instancia que ya roza la negación de justicia a raíz de las enormes dificultades para constituir un tribunal oral que juzgue a los siete detenidos", acotó finalmente Isasa.

   "Ya han pasado 47 abogados del foro y si no rechazan el ofrecimiento son recusados. De modo tal que al día de hoy no tenemos quién juzgue a los responsables de haber cometido en Santa Fe las atrocidades de la dictadura militar. Es la única causa en todo el país en la que se ventila lo que pasó en la dictadura que involucra de manera directa a miembros del Poder Judicial. Hay una clara intención de estirar todo para que el tiempo resuelva acallando lo pasado o banalizándolo frente a las urgencias del diario vivir", se quejó Klaric.

   Pero la cuestión del armado del tribunal pareció entrar en un segundo nivel luego del apoyo político de Tessio a la constitución con juristas foráneos de ser necesario como se le solicitará a la Corte Suprema de Justicia nacional el 23 de marzo si para entonces persiste la indefinición, y la denuncia a la fiscal ante el procurador general de la Nación se convirtió en la verdadera novedad de la jornada. l
Aunque el principal juicio sobre violación a los derechos humanos que se sustancia en la ciudad de Santa Fe sigue con dificultades para encontrar tres abogados que, oficiando de jueces, diriman la responsabilidad de los siete procesados, tarde o temprano se logrará conformar una tríada de profesionales en condiciones de juzgarlos.