En setiembre de 1976 Patricia Isasa estaba secuestrada en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. Un inodoro, una canilla y un foco de luz eran todos los objetos con los que tenía contacto. Cuando un “psicólogo” fue al lugar y la entrevistó, sintió que tenía un respiro. “Estamos en muy mal estado, no tenemos contacto con el exterior, hay gente torturada, chicas embarazadas”, denunció. El profesional esperó que la joven de 16 años terminara de hablar y se empezó a reír. “No piba. Acá queremos escuchar otra cosa”, le dijo. Y, después de amenazarla, dio por terminado el encuentro. El supuesto psicólogo era Víctor Brusa, actual juez federal y en ese momento secretario de juzgado.
Pagina 12/ Victoria Ginsberg

Los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura escucharán hoy éste y otros testimonios que demuestran que Brusa participó activamente en la represión ilegal.

Patricia Isasa fue secuestrada el 30 de julio de 1976 en la casa de sus padres, en Santa Fe. Estuvo detenida en tres centros clandestinos: el que funcionaba en la comisaría primera, en la comisaría cuarta y en la Guardia de Infantería Reforzada de esa ciudad. A Brusa lo vio en ese último lugar. Recuerda de él la sonrisa –”como la del Guasón”– y el profundo cinismo que guardaba su mirada .

Sin saber su nombre, Patricia denunció al falso psicólogo ante la Cruz Roja, en febrero de 1977. Todavía estaba cautiva aunque ya la habían “blanqueado”.

Un día, al sacar la basura, una compañera vio al funcionario judicial. “Llegó Brusa”, anunció. Patricia reconoció al falso psicólogo. Con su compañera se había presentado con su nombre y apellido y su verdadera ocupación, secretario del juzgado federal a cargo de Fernando Mántaras (hoy fallecido).

A varias mujeres las había amenazado para que firmaran un papel y ante la negativa las había pateado. Brusa también fuevisto por detenidos en la comisaría cuarta. Las denuncias indican que presenció y avaló torturas.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura escuchará hoy a Patricia Isasa, Ana Cámara, Anatilde Bugna, Carlos Pacheco, Rubén Maulín y Roberto Cepeda.
Isasa, quien vino a declarar desde Londres, presentará ante los miembros del organismo una copia del procesamiento dictado contra el magistrado por el juez español Baltasar Garzón en la causa por genocidio y terrorismo de Estado.

El Consejo de la Magistratura heredó el pedido de juicio político contra Brusa que habían presentado los diputados Alfredo Bravo y Elsa Combes en el Congreso, uno de los cuales era a instancias de la propia Isasa.
En un principio, el juez fue denunciado por haber atropellado a un nadador con su lancha y huir. Luego se agregaron las acusaciones por su participación en la represión, donde Isasa además aporto importante documentación. “El atropelló a este chico al igual que nos pasó por encima a nosotros veinte años antes. Es la misma mentalidad, la que lo hace huir sabiendo que hay impunidad” , afirmó Patricia, quien hoy representa en Londres a organizaciones españolas de derechos humanos.

“Que quede claro –concluyó– que esto no es sólo un problema del pasado. Esta persona administra justicia y representa al Estado. Es el problema de la Justicia federal hoy. Y Brusa es el caso más grotesco.”