El Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político ayer al juez federal con competencia electoral de Santa Fe, Víctor Brusa. El organismo, de todas maneras, se quedó a mitad de camino en cuanto a la imputación más grave que se le hace al juez: haber colaborado con la represión ilegal durante la última dictadura, cuando era empleado del mismo juzgado que hoy encabeza
CLARIN-DANIEL GUTMAN

Los consejeros lo acusaron -en un rodeo particular y algo confuso- por el desprestigio del que goza en la sociedad santafesina, justamente a causa de su actuación en la dictadura.

La efectividad de esta acusación será puesta a prueba una vez que comience el juicio político, el escenario donde en un plazo de seis meses se decidirá si Brusa es destituido o vuelve a su juzgado.

EL ENJUICIAMIENTO
El enjuiciamiento estará a cargo de un jurado de enjuiciamiento compuesto por jueces, legisladores y abogados.Los quince consejeros presentes ayer estuvieron de acuerdo en acusar a Brusa. Sin embargo, hubo un debate intenso y dos de los consejeros -los jueces Javier Fernández Moores y Bindo Caviglione Fraga- se manifestaron en contra de la causal del desprestigio ante la sociedad. Los dos consideraron que ése no es motivo valedero para destituir a un juez.

Además, hubo tres consejeros -los abogados Fermín Garrote y Eduardo Orio y el mismo Fernández Moores- que propusieron sumarle a Brusa otro cargo: mal desempeño, por haberle regulado a un abogado casi 16 millones de pesos de honorarios, que luego fueron reducidos por la Cámara Federal de Rosario a 800 mil.

NO ACUSAR POR LA DICTADURA
La decisión de no acusar a Brusa por su actuación en la dictadura se debe a que ella es anterior a que el Senado le prestara su acuerdo para convertirlo en juez, en 1992.

Prevaleció el criterio de que el Consejo no puede revisar cuestiones que anteriormente fueron analizadas y resueltas por los senadores.Sin embargo, la fórmula elegida -el desprestigio- es un camino lateral para llegar al mismo punto. Los consejeros señalaron que la actuación de Brusa en la década del 70 definiría un perfil cuestionable del magistrado, que determinaría un desprestigio tal que le impediría continuar en la administración de justicia.rusa está imputado en la investigación de la represión ilegal que realiza en España el juez Baltasar Garzón.

Su nombre también aparece en el libro de la Conadep como uno de los que frecuentaban los centros clandestinos de detención santafesinos. Además, casi una decena de testigos señalaron ante el Consejo de la Magistratura que toleraba que a los detenidos se les aplicaran torturas.

ADEMAS DEL DESPRESTIGIO
Además del desprestigio, hay otro cargo que se le hace a Brusa: un juez lo considera sospechoso de haber sido quien, en noviembre de 1997, atropelló con su lancha y dejó abandonado a un nadador en una laguna santafesina.

Esa conducta posterior al accidente, inmediata y mediata, contiene un elemento de profundo contenido antiético que repugna a la sociedad y que no puede ni debe ser tolerado, sostuvieron los consejeros en el dictamen.Se trata del segundo enjuiciamiento abierto por el Consejo, creado por la reforma constitucional de 1994 y en funciones desde hace casi un año. La primera acusada y suspendida había sido la jueza federal de Morón, Raquel Morris Dloogatz.
Con la suspensión de Brusa, Santa Fe se queda sin jueces federales, ya que el otro juzgado está vacante.