Entre los ecos del fallo de Casación sobre Astiz y Acosta, explica qué pasó y reparte responsabilidades. También habla, con pasión, de los menores encarcelados. Y cuenta por qué se iría de la Corte y después de lograr qué fallos clave. Autor: · Fuente: Página/12

Raúl Zaffaroni controla la exactitud de sus palabras a medida que habla. Pero trata de no privarse de decir nada. Fuma de a ratos. Se mueve poco.
Con el clima que dejó el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta , Brusa entre otros tantos, se le hace inevitable un comentario: “Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip, pero no para los pobres tipos”. Por las dilaciones en los juicios que han prolongado la prisión preventiva de los genocidas, responsabiliza al sistema judicial en sí, al propio Tribunal de Casación, a los fiscales y hasta a los querellantes. No descarta, pero tampoco promete, alguna intervención de la Corte que aporte soluciones.

En diálogo con Página/12, además defiende el fallo que impidió la liberación de menores internados en institutos al tiempo que reclamó una reforma del sistema de minoridad. “Si lo declarábamos inconstitucional y liberábamos a los pibes, alimentábamos una brutal campaña de estigmatización de los chicos pobres” que podría, vaticina, terminar en una “masacre”. Dice que hablar de bajar la edad de imputabilidad pretende confundir y aplicar a los menores, bajo un criterio “tutelar”, los mismos castigos que a los adultos pero no las mismas garantías. Existe, señala, una situación inconstitucional que “hay que desmontar”. A su entender, los niños deben ser juzgados en procesos penales que respeten sus derechos.

El juez supremo anuncia que se va a ir de la Corte para volver a la vida académica, “no a la política”, pero no sabe cuándo. Antes quiere firmar el fallo de despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y otro sobre matrimonio homosexual.

–¿Acuerda con la excarcelación concedida por la Cámara de Casación a los represores más emblemáticos de la dictadura?

–Voy a tener que opinar seguramente en un fallo, así que por ahora no puedo adelantar mi criterio.

–Pero sí puede opinar sobre las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos, que terminaron convirtiéndose en la justificación de esa liberación por el largo tiempo que los acusados llevan presos sin sentencia. ¿Quién es responsable?

–Tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la Justicia, independientemente de lo cual ha habido demoras conocidas en estas causas, como las de la propia Cámara de Casación. A veces también las querellas interfieren con sus apelaciones.

–Dadas las circunstancias, que podrían anunciar una liberación masiva de genocidas, ¿qué propone hacer? ¿Quién debería actuar?

–En general, no soy partidario de ninguna medida excepcional respecto de estos juicios, en especial de ninguna medida que pueda entenderse o arrojar sombras sobre el respeto al principio del juez natural y del derecho de defensa. Creo que se puede articular una estrategia que depende en buena medida del Ministerio Público (los fiscales) y de que las querellas no formulen pedidos que terminen obstaculizando. Una posibilidad, dado que siempre hay un número grande de hechos y que son concursos reales, sería la de elevar a juicio algunos hechos, juzgarlos y, si corresponde, condenar, sin perjuicio de que la investigación continúe. No es lo mejor, pero puede ser una solución ante el problema de las prisiones preventivas prolongadas. Esto requiere que el Ministerio Público vaya pidiendo elevar a juicio.

–Las dos megacausas sobre crímenes dictatoriales (Primer Cuerpo y ESMA) y sus derivaciones están concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) y esto fue factor de retardo desde el inicio. Hay cola de juicios esperando. ¿Por qué nunca se hizo nada al respecto? ¿La Corte no va a intervenir?

–Nuestra posibilidad de hacer algo es una cuestión a pensar. La redistribución de causas entre los TOF hay que pensarla también. No tengo un criterio formado al respecto. Lo fundamental, ante hechos suficientemente investigados, es cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. Son procesos complejos, no se puede esperar.

–¿Cristina Kirchner está presionando al Poder Judicial con sus críticas a la sentencia de Casación?

–La Presidenta es una ciudadana y tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado, de la misma manera que yo sigo siendo un ciudadano y tengo el mismo derecho a criticar los actos o manifestaciones del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Por lo menos ésa ha sido siempre mi posición. Es parte del juego democrático y no me considero presionado por ninguna crítica. Nunca inhibiré el poder que me da mi ciudadanía negándole a otro el derecho que me reservo. Las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes.

–¿Los tribunales aplican los mismos criterios de excarcelación para los ladrones de gallinas que para los represores?

–Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip. Siempre ha sido así, avanzan para los vip y no para los pobres tipos.