La justicia universal al ataque

 ESPAÑA PEDIRA LA EXTRADICION DE 40 REPRESORES ACUSADOS POR GARZON

El Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero reactivó un trámite congelado tres años atrás. La semana que viene llegaría la solicitud de extradición para los represores. La Justicia y el Gobierno deberán decidir qué hacer con quienes aún están en libertad.
PAGINA12/ Por Victoria Ginzberg

El Consejo de Ministros de España resolvió solicitar a la Argentina la extradición de más de cuarenta represores procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas. Es la continuación de un trámite que había sido interrumpido hace más de tres años, cuando el gobierno de José María Aznar resolvió suspender el pedido que había realizado el juez Baltasar Garzón y que motivó que cuarenta acusados fueran detenidos y luego liberados. Actualmente, muchos de los que figuran en la lista están presos. Pero no todos. El ahora empresario Héctor Schwab, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi en Tucumán, y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, entre otros, siguen en libertad y podrían ser arrestados.

El 8 de julio de 2003, Garzón reclamó a la captura internacional de cuarenta y seis represores. El juez Rodolfo Canicoba Corral detuvo a cuarenta y uno: dos estaban muertos y tres no se presentaron y se consideraron prófugos. Al recién asumido gobierno de Néstor Kirchner le disgustó la idea. Impulsaba la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se hicieran en el país. Pero formalmente no puso trabas para el trámite. La sorpresa llegó desde España. El gobierno de Aznar decidió congelar el proceso, porque en agosto de ese año el Congreso había invalidado las leyes de impunidad.

Las acusaciones particulares y populares que impulsan el juicio contra los represores argentinos en Madrid apelaron esa decisión y en mayo de 2005 el Tribunal Supremo de España resolvió dar marcha atrás con aquella resolución del Consejo de Ministros. Sin embargo, esa medida no se hizo efectiva hasta ayer, cuando el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero explicó que estaba “obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a Argentina”. Es decir que la definición sobre el destino de los acusados en España depende de la Justicia y del gobierno argentinos.

LA SOLICITUD DE EXTRADICION
Se espera que la solicitud de extradición de los cuarenta represores llegue al país la semana que viene a través de la Cancillería. El Gobierno debería enviarla a tribunales, aunque podría trabarla. Quienes ya están presos en el país tienen pocas chances de viajar a España, pero para el resto, el juez que reciba el pedido tendría dos opciones: dar curso al trámite o abrirles causas aquí por los delitos por los que están acusados en Madrid. De hecho, ya existe un antecedente de este tipo. En Santa Fe hay una causa que comenzó a partir de un reclamo de extradición de Garzón contra el ex juez Víctor Brusa y otros represores.

EL MENTOR DE LA PANDO
De una forma u otra, esto implicaría la detención de unos quince acusados que todavía están libres en Argentina. Uno de ellos es Schwab que, además de haber sido la ex mano, derecha de Bussi en Tucumán, es el presidente de la promoción 100 de los egresados del Colegio militar y el artífice de la mediática Cecilia Pando. Además, como responsable de la empresa de investigaciones Scanner, fue denunciado por extorsión y amenazas.

Están en la misma situación el abogado Torres de Tolosa, el ex jefe de la Marina José Isaac Anaya, el ex jefe de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo y los represores Juan Carlos Ricardo Trimarco, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Alberto Luis Cattaneo, Fernando Humberto Santiago y Luis Santiago Martella, entre otros. El pedido de Garzón también incluía a Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Héctor Febres y Luis Mendía.

Esta nueva decisión de España parece ir en contradicción con el reciente fallo con el que se paralizó en Madrid el proceso contra el represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo, que había sido arrestado en México. En ese caso, la Justicia ibérica señaló que correspondía que el marino fuera investigado en la Argentina porque aquí cometió sus crímenes y ya no existían impedimentos para que se lo juzgara. Sin embargo, la reactivación del trámite de extradición implica que el juicio en España no se paralizó.