La Cámara de Casación hizo lugar a un pedido del fiscal Raúl Plée para que se suspendiera el trámite de las liberaciones de los acusados por los crímenes de la ESMA, según informaron fuentes judiciales. En los casos vinculados a la Causa Brusa, la situación es similar. De todos modos, en Santa Fe, fuentes judiciales aseguraron que "es dilatar algo inexorable".
Autor: · Fuente: Infobae/
La medida fue confirmada por el abogado Alfredo Solari que representa a varios ex marinos imputados en los casos, entre ellos Raúl Scheller.
Según relató el letrado, el fiscal ante Casación Plée pidió la suspensión del trámite al anticipar que va a apelar el fallo conocido el jueves y la Sala II de ese tribunal hizo lugar a la solicitud.
El fiscal tiene 10 días hábiles para apelar, por lo que con la feria judicial que comienza el 1 de enero, el plazo se extendería a febrero, explicaron las fuentes.
Es un hecho que Plee apelará el fallo del tribunal por el cual se ordenó la libertad de ex marinos, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, acusados en las causas por violaciones a los derechos humanos en el marco de los crímenes de la ESMA.
Fuentes judiciales informaron a Infobae.com que la apelación del fiscal suspende el fallo de Casación en caso de que el recurso sea aceptado. Si Casación admite el recurso extraordinario, el caso será revisado por la Corte Suprema de Justicia y los detenidos seguirán presos hasta tanto se pronuncie el alto tribunal.
En cambio, si Casación rechaza abrir el recurso extraordinario, los represores podrán recuperar la libertad aunque el fiscal plantee un recurso para ir "en queja" directamente a la Corte, según explicaron los voceros consultados.
La Cámara Nacional de Casación Penal, el mismo tribunal al que el Gobierno acusó el año pasado de demorar las causas contra los represores de la dictadura, ordenó ayer la liberación de Astiz, Acosta Brusa y otros ex marinos procesados por las causas de la ESMA.
La orden para liberar a los ex marinos fue adoptada el jueves por los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García y se basa en el vencimiento de los plazos previstos por la ley para que un acusado esté detenido en prisión preventiva sin que exista una condena firme en su contra.
La ley indica que nadie puede estar detenido más de dos años, prorrogables por uno más según la cantidad de delitos y la complejidad de la causa. Según indicó su defensa, Astiz está preso desde septiembre de 2003 y aún no fue sometido a juicio oral.
Además de Astiz, el fallo beneficia a otros represores del mayor centro clandestino de detención que tuvo la dictadura, la ESMA y además al ex general Ramón Díaz Bessone y al ex juez federal santafesino Víctor Brusa, acusado de haber presenciado torturas a personas secuestradas por la dictadura.
Según indicaron las fuentes, en total, son alrededor de veinte los beneficiados.
La Causa Brusa
El Fiscal del Tribunal Oral Federal (TOF), Gonzalo Armas, presentó ayer un recurso de revocatoria contra la resolución del TOF que establecía que, atento lo resuelto por la Cámara de Casación, disponía la libertad de los imputados fijando las cauciones y fianzas.
Concretamente, lo que pidió el fiscal es que, como no se venció el plazo para presentar recursos contra la resolución de casación y que la interposición de cualquier recurso contra la libertad tiene efectos suspensivos, el fallo de Casación no está firme, por lo que no se los puede liberar.
Por otro lado, el Fiscal ante la Cámara de Casación interpuso los recursos extraordinarios ( a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion) contra la resolución de liberar, con lo cual se suspende la aplicación de la medida.
El TOF lo que hizo fue:
Darle trámite a lo resuelto por la Cámara de Casación, fijar el monto de la fianza y establecer las reglas de conducta (fijar domicilio, no ausentarse del hogar por más de 24 horas y comparecer periódicamente ante el TOF).
El Tribunal Oral le fijo a Brusa y a Marcellini una fianza de $200 mil a cada uno). Colombini, Ramos y Perizotti (150 mil cada uno) y Maria Eva Aebi 100 mil.