Un juez federal de Santa Fe decretó ayer la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La anulación fue decidida por Reynaldo Rodríguez que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por Víctor Hermes Brusa y otros cinco represores santafesinos. La medida implica la declaración testimonial de las víctimas de torturas y privación ilegítima de la libertad entre los que se cuenta José Shulman y Patricia Indiana Isasa.
PAGINA12/Por José Maggi
A partir de sus dichos, se podrá fijar también la responsabilidad de María Eva Aebi, Héctor "Pollo" Colombini, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo "Curro" Ramos, a los que hasta ayer beneficiaban las leyes de impunidad. El fallo fue la respuesta al pedido realizado por el fiscal federal Alejandro Luengo.
El juez federal argumentó que las leyes de impunidad "avasallan no solo el ejercicio del deber estatal de investigar y reprimir los presuntos delitos, sino también y fundamentalmente el de los propios imputados". "Tales normas, en definitiva, implicaron una valla infranqueable para la investigación de los posibles ilícitos cometidos por civiles y militares relacionados con los episodios ventilados en los actuados, sumergiéndolos irracionalmente en la justificación y asegurando impunidad a quienes retransmitieron o cumplieron órdenes", indicó.
Y expresó que "ambas leyes padecen de vicios insuperables, pues constituyen privilegios repugnantes". Y "atento a que se trata de delitos de lesa humanidad, no existe prescripción alguna".
El juez Rodríguez ordenó "instruir un sumario en averiguación de la presunta comisión de los delitos denunciados, sus autores, cómplices y encubridores". Y de igual modo decidió recibir la declaración testimonial de Anatilde Bugna, Orlando Barquín, Ana María Cámara,Roberto Jorge Cepeda, Patricia Indiana Isasa,Susana Alicia Molinas, Rubén Maulín, Beatriz Liliana Poi, José Ernesto Shulmann, Patricia Amalia Traba y otros
Estas declaraciones serán decisivas para que el juez Rodríguez ordene finalmente la indagatoria de los acusados. Por ejemplo Bugna señalará al ex policía Eduardo Ramos como el responsable de su secuestro, mientras Shulman e Isasa repetirán que Brusa participó de los interrogatorios. Ella junto con otros podrán recordar a Perizzotti, en la Guardia de Infantería Reforzada. Como se prevé las imputaciones van a ser directas, por lo que todo indica que Rodríguez decidirá irremediablemente las indagatorias de todos los señalados.
El fallo, surgió tras la presentación formulada por el fiscal Luengo, que la semana anterior había solicitado la indagatoria de los seis citados con Brusa a la cabeza. En rigor el ex juez federal, era el único que no podía ampararse en el beneficio otorgado por las leyes de impunidad al ser civil. Pero para los restantes la vigencia de la normas era un obstáculo insalvable.
Cabe recordar que el fiscal Luengo había pedido también a Rodríguez que solicite a la subsecretaría de derechos humanos que envíe los legajos de la CONADEP. Además había solicitado un exhorto internacional al juez Baltasar Garzón copias del testimonio tomado por este magistrado en España a Isasa en el 98’ y que sirvieran para pedir la extradición del grupo. El fiscal federal explicó que "como la Argentina no hizo lugar a ese pedido de extradición es obligación del Estado argentino juzgarlos por esos delitos". Luego de que Cancillería rechazara su extradición la causa quedó en manos de Germán Molde, titular de la Cámara Federal de la Capital Federal. Entonces el fiscal Eduardo Freiler envió la denuncia a Santa Fe y el caso recayó en Luengo.
El fiscal santafesino pretende también que la Cámara Federal de Rosario informe sobre los cargos que ocupó Brusa entre marzo del ’76 a diciembre del ’83. Así como quienes fueron jueces y secretarios penales en la ciudad de Santa Fe.
Luengo argumentó que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final "son contrarias a todo el derecho internacional a todo lo desarrollado en los tribunales de Nüremberg y Tokio donde se juzgó a los genocidas por la comisión de delitos de lesa humanidad, que son inadmistiables e imprescritibles".
Y en este sentido consideró "infames traidores a la patria a quienes consintieron el otorgamiento de la suma del poder público, a partir de la leyes de impunidad".