Brusa era secretario del Juzgado Federal Nº 1 durante la dictadura militar.
Al ex juez, se lo acusa de haber sido cómplice de las torturas.

Un día antes de indagarlos como había dispuesto previo al inicio de la feria judicial, el juez federal Reynaldo Rodríguez ordenó ayer la detención de dos santafesinos acusados de genocidio en el marco de lo que fue la represión ilegal durante la última dictadura militar en Santa Fe: el ex juez Víctor Brusa, y el ex policía Héctor Colombini. Ambos fueron detenidos por personal de la Policía Federal en operativos realizados al mediodía en la capital provincial y hoy deberán responder las preguntas del magistrado. Luego, entre mañana y el lunes comparecerán en el Juzgado Nº1 otros cuatro imputados -tres ex policías y un militar retirado-: Eduardo Ramos, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Nicolás Correa, ex funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid.
ROSARIO 12/

La decisión del magistrado fue celebrada por los querellantes, quienes no se mostraron sorprendidos de que las detenciones se produjeran horas antes de las indagatorias ya que así lo había reclamdo el fiscal que interviene en la causa. "Igual es una atribución que tiene el juez, quien incluso podría haber ordenado detenerlos en diciembre, antes de la feria cuando anunció la fecha de la indagatoria. Seguramante pesó el delito que se les imputa que es de lesa humanidad y por lo tanto no es excarcelable", razonó en diálogo con Rosario/12 el abogado Jorge Pedraza, que actúa como querellante en el proceso.

Pedraza no descartó que el juez haya librado los autos de detención ante el temor de que tanto Brusa como Colombini no se presentaran en los Tribunales. En ese sentido el letrado señaló que de acuerdo a un criterio de "lógica jurídica" el magistrado "casi con seguridad ordenó las detenciones de los otros cuatro imputados", medida que este diario no pudo confirmar pero que se descontaba su inmediata efectivización.

"Las detenciones nos llenan de satisfacción, demuestran que vale la pena seguir luchando en busca de verdad y justicia", dijo a este diario desde Buenos Aires José Schulman, víctima de las torturas en los años de plomo y querellante de la causa.

Los operativos realizados por personal de la Policía Federal comenzaron pasado el mediodía. Pasadas las 13 detuvieron al destituído juez federal, Víctor Hermes Brusa, en su domicilio de calle 9 de julio al 1700, tras lo cual, el procedimiento continuó con la detención de Héctor Romeo "el Pollo" Colombini, en su casa de Ayacucho al 2100.

Hoy Brusa y Colombini deberán dar explicaciones ante la Justicia.

Brusa era secretario del Juzgado Federal Nº 1 durante la dictadura, se lo acusa de haber sido cómplice de las torturas. Fue nombrado juez en los primeros años de la democracia y destituido por el Tribunal de Enjuiciamiento por atropellar con una lancha al aspirante de guardavidas, Miguel Pedernera, en la laguna Setúbal y dejarlo abandonado.

Colombini integró el Departamento Informaciones de la Policía de Santa Fe. En 1997, era jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Provincia cuando fue imputado por el juez Baltasar Garzón, en España. El entonces ministro de Gobierno de Obeid, Roberto Rosúa, decidió acelerar su pase a retiro de la fuerza.

El viernes será el turno de Ramos y Correa. El lunes deberán comparecer Perizzotti y Aebi. Los querellantes pretenden que luego haya nuevas tandas de imputados e indagados, en especial quienes fueron los responsables del Comando de Inteligencia 122.

La de hoy será una jornada histórica para la causa iniciada ya hace varios años. En 1999 Garzón solicitó la extradición de siete santafesinos por crímenes de lesa humanidad, entre quienes se encontraban el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y el ex jefe de la seccional 4º ‑uno de los centros de detención denunciados por la Conadep‑ y hoy presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino, que no figuran en la primera tanda de indagatorias. El gobierno argentino lo rechazó. Schulman pidió entonces al Procurador general la apertura de una causa en la Argentina.

Finalmente la investigación se inició. Tuvo un hito el 15 de agosto de 2002, cuando el juez Rodríguez fue uno de los primeros en la Argentina que decretó las inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, con lo cual la investigación ya tuvo efectos penales. Comenzó entonces el aporte de pruebas y varias rondas con los testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado.