El grupo de tareas que operaba en Santa Fe en los años oscuros se hacía llamar "La patota". Tuvieron que pasar casi treinta años, para que un juez de la Nación, Reynaldo Rodríguez, decida procesar a siete represores de la dictadura, entre ellos a su propio antecesor en el cargo: Víctor Brusa por "asociación ilícita". "Un pacto criminal que trasciende la comisión de un hecho delictivo", afirmó en el fallo: el primero de este tenor en la provincia y el primero en el país que imputa a un ex juez federal como "partícipe necesario" de una banda represiva. Los otros procesados son el suboficial retirado del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa; el ex jefe de un centro clandestino de detención y hoy presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino; dos ex oficiales de Inteligencia de la Policía de Santa Fe: Héctor "Pollo" Colombini y Eduardo Ramos y dos ex carceleros de la Guardia de Infantería Reforzada: Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aebi. Rodríguez les imputó también otros supuestos delitos: privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, en concurso real con la asociación ilícita; decretó la prisión preventiva de todos ellos y les trabó un embargo sobre sus bienes por 5 millones 600 mil pesos, a razón de 800 mil pesos por cabeza.
Por Juan Carlos Tizziani

La causa se inició en 2002 por una denuncia del ex fiscal federal y hoy camarista Eduardo Freiler poco después que Fernando de la Rúa rechazara el pedido de extradición de Brusa y compañía a España, donde están acusados por "terrorismo, genocidio y torturas" ante el juez Nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Cuando el expediente llegó a Santa Fe, Rodríguez fue uno de los primeros jueces del país en declarar la "inconstitucionalidad, invalidez y nulidad" de las leyes de obediencia debida y punto final y la "imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad". A lo largo de dos años, acumuló pruebas ‑una por una‑, hasta que a principios de febrero ordenó la detención e indagatorias de los siete imputados.

Ayer, dictó los procesamientos en una resolución fundada de 33 fojas, en la que repasa los cargos que pesan sobre cada uno:

* Víctor Brusa. Lo acusan trece denunciantes de presionar y amenazarlos para que reconozcan declaraciones tomadas bajo torturas por "La patota", en los centros clandestinos. En ese entonces, Brusa era empleado del Juzgado Federal de Santa Fe, a cargo del ex juez Fernando Mántaras, ya fallecido. Una de sus víctimas, Ana María Cámara, recordó su paso por la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde Brusa le exhibió las "declaraciones firmadas bajo tortura" e intentó que las firme. "Yo las desconocí y denuncié apremios ilegales, pero él se puso sumamente excitado, gritó: ’Ese no es el trato que habíamos hecho’. Y comenzó a tirar patadas de karate que me llegaban a centímetros de la cara", relató. Los golpes de karate son mencionados también por otras ex detenidas, entre ellas Anatilde Bugna. "El (Brusa) tenía en sus manos la declaración que me habían tomado en ’La casita’", un centro clandestino de detención en Santo Tomé.

Un tercer testigo, Carlos Pacheco, dijo que en 1977 también intentó denunciar las torturas que había sufrido en "La casita" y en la comisaría 4ª, pero Brusa le contestó: ’A los muchachos de la Cuarta no les va a gustar’.

En agosto de 1977, Roberto Cepeda conoció a Brusa en la seccional 4ª, donde estaba privado ilegalmente de su libertad. El visitante apeló a sus métodos. "El acto se realizó por medio de violencia verbal, con portación de armas en forma ostensible, bajo amenazas, y con la finalidad de obtener una declaración (de Cepeda) contra su voluntad", relató el juez.

* Héctor Colombini. Ana María Cámara lo reconoce como uno de sus torturadores en "La casita". "Si hay algo que no está claro para nosotros te volvemos de nuevo a la parrilla. De vos depende que mañana te encuentren al costado de una ruta o que salgas caminando de aquí", le dijo Colombini. Le apuntó un arma en la sien y gatilló, pero el proyectil no salió de la récamara. El fallo del doctor Rodríguez relata también con detalles el martirio que sufrió Anatilde Bugna y agrega un tercer hecho: "Puede sostenerse, por la credibilidad que merecen los dichos de las testigos que Colombini habría participado en las torturas infligidas a Vilma Gómez". Los esposos Daniel García y Alba Sánchez identificaron a Colombini como uno de los represores que operaba en un centro clandestino de San José del Rincón, a 20 kilómetros de Santa Fe. Ellos denunciaron que "La patota" los desapoderó de todos sus bienes. "Estaría probado que en estas circunstancias, Colombini habría participado en el reparto de las pertenencias de los secuestrados. También es probable que el detenido habría interrogado, torturado y simulado el fusilamiento de García", dijo el juez.

*Juan Calixto Perizzotti. Ex comisario de la Policía, era el jefe de los carceleros de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), otro eslabón del circuito represivo de Santa Fe. Dependía del ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Sus víctimas denunciaron que estaba a cargo de los traslados a centros clandestinos.

Anatilde Bugna relató uno de esos episodios: después de su paso por "La casita", Perizzotti y otras personas la llevaron hasta un descampado, donde sufrió "un simulacro de fusilamiento", señala el juez. Carlos Pacheco también recuerda su "traslado irregular" a cargo de Perizzotti a la comisaría 4º y a la cárcel de Coronda. Y Ana María Cámara relata una visita de sus secuestradores a la GIR, donde ya estaba detenida. El encuentro con "La patota" fue en el propio despacho de Perizzotti. "Uno de los integrantes de ese grupo, "El Pollo" le dijo que tuviera cuidado con cambiar las declaraciones de ’La casita’ porque si no iba a volver, otra vez a la 220’. Una alusión directa a la picana eléctrica.

*Nicolás Correa. Lo acusan diez personas. En los ’70, operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122. Y en el primer gobierno de Jorge Obeid (1995/99) fue el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia, a cargo entonces del teniente coronel José Bernhardt. El fallo del juez Rodríguez confirma que las denunciantes identifican a Correa por su alias: "El tío". Una de ellas afirma que "fue privada ilegítimamente de su libertad el 23 de marzo de 1977 y llevada a ’La casita’, donde habría sido torturada y violada por dos personas. En esa oportunidad, la testigo escuchó que aquellas personas se llamaban entre sí con los apodos de ’El rey’, ’El pollo’ y ’El tío’, entendiendo que por este último se había llamar el imputado", expresó el magistrado. "Después de los hechos, el imputado habría participado juntamente a otras personas en un nuevo interrogatorio de la mujer con el fin de que firmara una declaración".

Otro de los testigos, Eduardo Almada, reconoció a Correa como el "jefe del operativo" del grupo de tareas que lo detuvo "en forma ilegal y bajo amenazas de muerte". A fines de diciembre de 1976, "cuando estaba preso en la comisaría 4ª, fue indagado presuntamente por el imputado, bajo amenazas de muerte, mientras otros sujetos lo torturaban".

*Eduardo Ramos. Varias mujeres lo identifican como uno de sus torturadores. "Puede sostenerse ‑dice el juez‑ que Ramos, junto a otras personas no individualizadas, participó presuntamente en sesiones de torturas. Unas de las testigos explicita la intervención (del represor) en el traslado hasta el lugar donde ocurre este hecho y su presencia en el episodio mientras que le descargaban electricidad en el cuerpo con un instrumento y la interrogaban acerca de su militancia política", agregó.

"Otro hecho que se tiene por probado en este período procesal es lo manifestado por otra testigo cuando afirma que el imputado participa en su detención ilegal el 23 de marzo de 1977, y luego de ser torturada en un lugar que denomina ’La casita’, fue presuntamente abusada por el imputado y otra persona". En la indagatoria ‑señala el doctor Rodríguez‑ Ramos reconoció "haber participado en el primer suceso, aunque intentó desvincularse de la imputación sosteniendo que el control operacional del mismo lo tenía el Ejército Argentino".

*Mario Facino. Fue jefe de la comisaría 4ª y hoy preside la comuna de San José del Rincón. Lo acusan varios testigos. Eduardo Almada relató su caída el 27 de octubre de 1976 y su traslado, primero a "La casita" y luego a la comisaría 4ª en diciembre de ese año, donde "es indagado bajo amenazas de muerte, mientras otros sujetos lo torturaban". "Las testimoniales constituyen un elemento convictivo para tener por probado con grado de certeza necesario en esta etapa intructoria la manifestaciones vertidas", puntualizó el fallo.

*María Eva Aebi. Ex carcelera de la GIR y encargada de los traslados. Anatilde Bugna la identifica como una de las participantes de un simulacro de fusilamiento.

"Perdiste, flaca", le dijo mientras le apuntaba con un arma en la sien. Apretó el gatillo, pero el proyectil no salió: "Zafaste, flaca", completó. Según otra denunciante, Aebi colaboraba en "los interrogatorios violentos y humillantes dirigidos por Brusa". Mientras que Vilma Gomez la reconoce como su custodia en la sala policial del hospital José María Cullen de Santa Fe, donde estaba internada con graves heridas después que un grupo de tareas atacó su casa y asesinó a su compañero y luego de estar secuestrada en un centro clandestino.