Mientras fue juez federal, Víctor Brusa tuvo, en tan sólo cinco años, la posibilidad de designar a personal de confianza en la justicia federal santafesina, tejer una red de poder y manejarse con desparpajo. Pero en 1997 atropelló con su lancha a un nadador en la Laguna Setúbal, y huyó. Tuvo que renunciar al cargo y fue el primer magistrado del país en ser destituido por el Consejo de la Magistratura. Desde hace tres años está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Autor: H.M.G · Fuente: Notife
El 8 de noviembre de 1997 un hombre bronceado y canoso atropelló en su lancha a Miguel Pedernera, un aspirante de guardavidas en las calmas aguas de la Laguna Setúbal. El hombre bronceado y canoso, lejos de ayudarlo, huyó. El hombre bronceado y canoso era el entonces juez federal Víctor Hermes Brusa.
Brusa no tenía el carnet de timonel que expide la Prefectura, pero los testigos fueron contundentes en señalarlo como el responsable. Había tomado notoriedad su imagen por haber sido el que juzgó a Mario Fendrich, el ex tesorero del Banco Nación que robó $3.200.000 de la sucursal bancaria en la ciudad. El 14 de noviembre Brusa renunció a sus fueros como juez y fue sometido a la justicia que lo encontró responsable del hecho de la Laguna.
El – entonces -juez era además señalado por los organismos de Derechos Humanos como uno de los empleados del juzgado federal que durante la dictadura militar interrogaba a las víctimas del terrorismo en situaciones irregulares e ilegales. Patricia Isasa fue una de las primeras de esas víctimas que ventiló la situación y se presentó ante el Juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón, para que investigue lo que la justicia argentina esquivaba.
El 20 de noviembre de 1997, la diputada santafesina Elsa Combes, junto con Alfredo Bravo, con la denuncia de Patricia Isasa en mano, presentó formalmente en el Consejo de la Magistratura un pedido de destitución de Víctor Brusa por “violaciones a los derechos humanos”. Casi en total soledad, los legisladores lucharon sin desmayos para probar las responsabilidades del entonces magistrado en el episodio en que resultó damnificado el nadador Pedernera.
El 30 de marzo de 2000, el Consejo de la Magistratura destituyó a Brusa de su cargo como juez, la primera expulsión desde que el Instituto fue incorporado por la última reforma constitucional. El único motivo que valoró el Jury fue el incidente de la Laguna Setúbal y no las denuncias de haber participado en sesiones de torturas a militantes políticos durante la represión ilegal.
En 2002, dos años después de su destitución, la justicia santafesina declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y abrió una investigación sobre las responsabilidades de civiles y militares durante los años de plomo. Varios testigos puntaron a Brusa como uno de los andamiajes de la represión. El juez federal Reinaldo Rodriguez lo procesó por delitos de lesa humanidad en febrero de 2005. Estuvo tres años y medio preso en el Cuartel de Bomberos de la ciudad de Santa Fe, pero el tribunal Oral que lo juzgará decidió que, aquel hombre canoso y bronceado con fama de atropellador, aguarde las audiencias del juicio en el Penal de Las Flores.