El Estado santafesino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, aportó como prueba al Tribunal Oral que juzgará a los represores, un documento histórico en el que se demuestra oficialmente que el ex juez federal Víctor Brusa fue una pieza fundamental en la denominada “lucha contra la subversión (LCS)”.
El Destacamento de Inteligencia del Ejército lo propuso como juez federal en 1981.-Autor: Héctor M. Galiano · Fuente: Notife
El Destacamento de Inteligencia del Ejército lo propuso como juez federal en 1981 pero el ministro de Justicia del Proceso lo rechazó. Paradójicamente, el Congreso en democracia votó su pliego en 1992, en pleno auge del menemismo. Un documento histórico
Un Memorando producido por la delegación local de la SIDE en Santa Fe, a cargo del entonces Teniente Coronel (ya fallecido) Rondello Barbaresi permite probar oficialmente la participación que tuvo el ex magistrado con la represión ilegal.
Barbaresi , que falleció a principios del 2004, era Director General de Informaciones de la Provincia, un centro de inteligencia que dependía directamente del gobernador de facto y que reportaba diariamente sobre las actividades políticas, gremiales y sociales de cientos de santafesinos que, en muchos casos, desconocen que estuvieron bajo la lupa en los años de plomo.
En 1981 la Dirección de Antecedentes le pidió un informe a Barbaresi sobre el accionar del, entonces, joven empleado de la justicia federal Víctor Brusa. En ese entonces, el Ejército estaba interesado en ungir a lo más alto del poder judicial a uno de sus “más estrechos colaboradores en la LCS (Lucha Contra la Subversión)”. Los militares preparaban entonces un plan integral de alianzas que pueda sobrevivir en las instituciones más importantes del Estado cuando se recupere la democracia y que, en definitivas, garantice la impunidad de los victimarios.
El informe de la SIDE, al que tuvo acceso Notife, está fechado el 8 de septiembre de 1981 y está firmado por el Teniente Barbaresi. En el mismo puede observarse el seguimiento que hicieron los agentes de inteligencia sobre la vida de Víctor Brusa, quien, según se señala, “ingresó a la justicia en julio de 1970 como meritorio ad honorem en el Juzgado Federal Nº 1 en santa Fe”. Un año después fue nombrado empleado de dicho juzgado y el 30 de octubre de 1975 se recibe de abogado en la Universidad Nacional del Litoral.
En una de las fojas del informe aparece un apartado del Destacamento de Inteligencia 122 (dependiente del Ejército) a quien la SIDE le pide “informar antecedentes de una persona”, en relación a Brusa.
Si la historia argentina no estaría manchada de sangre durante el período en que las Fuerzas Armadas asaltaron el poder en 1976, los comentarios aportados por la inteligencia militar serían mucho menos que serios.
Por ejemplo, el Ejército informó sobre Brusa que “1967 integró la Acción Católica Argentina”, que estudió en la UNL y que cumplió con el servicio militar obligatorio. Aporta un dato importante en lo formal: recién en 1978 asumió como secretario criminal de instrucción en el Juzgado Federal Nº 1. El “informe” del Destacamento de Inteligencia 122 agrega los datos y la ocupación de su esposa (también empleada del poder judicial federal desde 1972).
“Hombre recto y capaz”
El Ejército estaba interesado en promocionar positivamente la figura de Víctor Brusa y, para el informe clasificado, elabora un estudio de la “imagen del causante”.
Allí destacan que “en el ámbito judicial de Santa Fe es considerado como un profesional recto, capaz y de un desempeño sobresaliente (…) es mirado con mucho respeto por sus similares, especialmente por su juventud y dinamismo (…) lleva una vida regular e intachable y posee una familia bien constituida, además de ser allegado a círculos católicos y deportivos de la provincia de Santa Fe (…) en el ambiente deportivo es un elemento muy querido por haber sido un jugador destacado dentro del ámbito del rugby en la provincia, allegado al CRAI (Club de Rugby Ateneo Inmaculada)”.
El Ejército le comunicó a la SIDE que “en el ámbito estrictamente profesional, es destacable su íntima relación con el Dr. Fernando Mántaras”, entonces integrante de la Cámara Federal de Apelaciones.
“Brusa – se informa en el expediente con sellos de “Estrictamente Secreto y Confidencial- no ha tenido ni tiene militancia política alguna. Ha colaborado estrechamente con la Fuerza en la LCS. Es amigo y colaborador del Ejército Argentino”.
En la dictadura no, en democracia sí
En el informe se agrega - en manuscrito y al pie - que “el causante se encuentra propuesto para juez federal de Santa Fe, apoyado por el Dest. Int. 122, habiéndose tomado conocimiento que el Señor Ministro de Justicia de la Nación rechazó esta propuesta”. El entonces ministro Alberto Rodríguez Varela se negó a ungir a Brusa como juez federal, pero en 1992 el menemismo lo propuso como magistrado por la jurisdicción de Santa Fe, con un fuerte lobby de los entonces senadores del PJ Luis Rubeo y Liliana Gurdullich. Como aún no existía el Consejo de la Magistratura, el pliego del hoy imputado se votó en el Senado por pedido de Carlos Menem. Entre los senadores que se opusieron estaban Gass, Otero, Romero Feris y León (entre los más importantes) y de los diputados –que manifestaron su desagrado por el pliego de Brusa- se encontraban Albredo Bravo, Juan Pablo Cafiero, Pedro García y Oscar Alende. El pliego que Carlos Menem envió al Senado el 10 de junio de 1992 fue votado el 12 de agosto del mismo año. Brusa ascendió finalmente a juez federal, pero su destino chocaría luego contra una desgracia tras otra, como una enseñanza religiosa, aquella que tanto ponderaron los militares en sus informes.