En el marco de la denominada “Causa Brusa” que se debate en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, ayer se escuchó el alegato unificado de dos querellantes, quienes pidieron que se aplique la figura de Genocidio para sentenciar, prevista en el derecho internacional y que ya fuera aplicada por el TOF de la ciudad de La Plata para condenar a Miguel Etchecolatz por hecho ocurridos en provincia de Buenos Aires, también durante la represión ilegal.
En su alocución, las abogadas expresaron que “no es el juicio que esperábamos, pero es el que conseguimos entre todos, creemos que por esta sala declararon personas como testigos cuando en realidad debieron haberlo hecho como imputados, como los casos de los ex policías Eduardo Córdoba (ex chofer del jefe de la GIR, Juan Calixto Perizotti) y del ex comisario Ferreyra (quien fuera jefe de la seccional Cuarta de la URI, antes de la llegada de Mario Facino a la dependencia policial). Fue un proceso limitado, por lo tanto estimamos que tendrá una sentencia limitada, pero cuando hablamos de Terrorismo de Estado hay que tener presente que fueron los agentes del Estado los que lo organizaron y ejecutaron”, señaló la abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Jesica Pellegrini.
FRAGMENTACION DE LAS CAUSAS
Del mismo modo, recordaron que “la fragmentación de las causas (el expediente Brusa fue desglosado en tres partes en la instrucción y, además, uno de los imputados –Marcellini- no fue juzgado por razones de salud) afectan a las víctimas, pero también a la Justicia”, se lamentaron.
El alegato de las abogadas estuvieron fundados en hechos bien concretos: las detenciones ilegales para la posterior aplicación de tormentos contra el militante del PC, José Schulmann y la entonces estudiante secundaria y militante de la UES, Patricia Indiana Isasa.
Las abogadas querellantes expusieron esta mañana su alegato unificado en la marco de la causa que se sigue a 5 ex policías santafesinos y aun ex juez federal. En ese marco, solicitaron que se condene a Eduardo Ramos, Víctor Hermes Brusa y Mario José Facino , como co autores del delito de genocidio, a la pena de prisión perpetua. También exigieron que la pena se efectivice en cárcel común “atento a la magnitud y gravedad de los delitos”.
Además solicitaron que se remitan a los juzgados de instrucción pertinentes copias de las declaraciones de los casos que aún no han sido juzgados contra represores que no fueron procesados, en relación a las denuncias relativas a la participación que tuvieron los policías Cabrera y González, quienes junto a Eduardo “Curro” Ramos, lo secuestraron en noviembre de 1977. Subsidiariamente, y en base al derecho interno argentino, pidieron que se condene a Víctor Brusa a la pena de 5 años e inhabilitación por el doble de tiempo por apremios ilegales en perjuicio de José Schulmann. Con la misma figura penal, solicitaron que el Tribunal Oral Federal condene a 6 años de prisión al ex jefe de la Seccional Cuarta de la policía, Mario José Facino. Y finalmente alegaron en relación a dos casos imputados a Eduardo Ramos por dos delitos de tormentos y privación ilegal de la libertad en tres casos, todos en concurso legal, a la pena de 25 años de prisión.
Respecto de los hechos que fuera víctima Patricia Indiana Isasa, la querella y en virtud de diversas resoluciones sólo puede valorar la prueba producida en el juicio, " por lo que se refiere al pedido de pena, adherimos a lo que soliciten los representantes del Ministerio Publico Fiscal", dijeron.
“Esta querella entiende que las víctimas no están buscando solo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino y sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos ocurridos en nuestro país. Las condenas son aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de los procesados y también de las víctimas sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de genocidio por parte del ajusticia argentina permitirá no sólo prevenir y solidarizarse con los hechos que ofenden a la humanidad, sino también posibilitará un resistencia firme a cuqluier incursión de estas prácticas”, señaló la abogada de la querella Leticia Fascendini en la parte final de su alegato.