El juez federal Reinaldo Rodríguez pudo indagar recién anoche al suboficial retirado Nicolás Correa, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y después de un confuso episodio ocurrido el miércoles, cuando una comisión del Ejército llegó a la casa del militar, en el barrio Candioti, minutos antes de que un patrullero de la Policía Federal fuera a buscarlo con una orden de captura firmada por el magistrado. La maniobra le permitió zafar de las primeras cuarenta y ocho horas de prisión preventiva que ya llevan otros cuatro detenidos en la causa: el ex juez federal Víctor Brusa -preso en la cárcel de Coronda y los ex oficiales de la Policía de la provincia, Héctor "Pollo" Colombini, Eduardo "Curro" Ramos y Juan Calixto Perizzotti, alojados en la Policía Federal.
Rosario 12/J.C.T.
El juez federal Reinaldo Rodríguez pudo indagar recién anoche al suboficial retirado Nicolás Correa, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y después de un confuso episodio ocurrido el miércoles, cuando una comisión del Ejército llegó a la casa del militar, en el barrio Candioti, minutos antes de que un patrullero de la Policía Federal fuera a buscarlo con una orden de captura firmada por el magistrado. La maniobra le permitió zafar de las primeras cuarenta y ocho horas de prisión preventiva que ya llevan otros cuatro detenidos en la causa: el ex juez federal Víctor Brusa -preso en la cárcel de Coronda y los ex oficiales de la Policía de la provincia, Héctor "Pollo" Colombini, Eduardo "Curro" Ramos y Juan Calixto Perizzotti, alojados en la Policía Federal, en plena Recoleta santafesina. Ayer se presentó la sexta imputada: María Eva Aebi, que hoy habita la Estación de Tránsito de Mujeres.
Desde el miércoles, Correa estuvo alojado en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601 de Santo Tomé, hasta anoche que se presentó ante el juez en compañía de su abogado Oscar Velázquez, quien también defiende a Colombini.
Correa es el primer militar acusado en la causa que investiga la represión ilegal en Santa Fe y la red de centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura. Escaló alto en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que operaba en la zona y en el primer gobierno de Jorge Obeid (1995/1999), fue el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia por entonces estaba a cargo de su gran amigo: el teniente coronel (RE) José Bernhardt, hoy subsecretario de Emergencias en el segundo turno de Obeid.
El abogado Jorge Pedraza, querellante en la causa, interpretó como un "gran avance" la detención de Correa, Brusa y los cuatro ex policías, pero aclaró que la pesquisa judicial sobre la guerra sucia "debe llegar hasta el hueso, o sea hasta el Destacamento de Inteligencia Militar 122" que enrolaba a militares, policías y hasta algunos civiles.
Sin embargo, Pedraza advirtió sobre el episodio del miércoles. "Lo grave es lo que dijo anoche en un programa de Cable y Diario, el abogado de Correa, el doctor Velázquez, cuando manifestó que minutos antes de que llegue un patrullero de la Policía Federal que iba a detener al militar llegó una patrulla del Ejército y se lo llevó detenido. Eso es lo que dijo textualmente. Después, a otros periodistas les dijo que Correa quedó detenido en el Ejército a disposición del juez federal. Manifestó que estaba en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601 de Santo Tomé", explicó Pedraza al citar a su colega, con quien se cruzó en el programa de TV.
"Si fue así, como dijo el abogado de Correa, ¿por qué desde el miércoles a la tarde cuando comenzó a trascender la orden de detención para los seis imputados y todo el día jueves, el Ejército no le hizo conocer al juez federal que el suboficial mayor Correa estaba en una de sus unidades? ¿No hay acá un virtual incumplimiento?", especuló Pedraza.
Y lo más grave aún: ¿Como hizo el Ejército para llegar a la casa de Correa unos minutos de la Policía Federal? ¿Cómo se enteró? Esto quiere decir dos cosas: o que tienen los teléfonos intervenidos o que hay una filtración grave en la Policía Federal o en el Juzgado Federal que le permite al Ejército saber que iban a buscarlo a Correa", agregó.
"Además, el doctor Velázquez dijo que la orden (de amparar a Correa en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601 de Santo Tomé) venía del mismo del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general (Roberto) Bendini. ¿Qué significa eso?", se preguntó Pedraza "¿Una provocación del Ejército? ¿O una manifestación de poder ante el primer imputado de la fuerza en la causa que se tramita en la ciudad Santa Fe?
"Correa tiene tanta información de inteligencia de esta zona de la provincia de Santa Fe que me parece que lo llevaron al Batallón de Santo Tomé para prepararlo antes de la declaración indagatoria y tenerlo contenido. Me da la impresión que Correa se estaba sintiendo abandonado por los jefes y la oficialidad de Inteligencia del Ejército de aquella época y había planteado sus quejas", apuntó.
Según Pedraza la situación de los imputados se va a complicar a partir de que el reproche penal del juez Rodríguez incluye el supuesto delito de asociación ilícita. "Conforme a lo que pudo trascender en las últimas horas en el Juzgado Federal el juez les imputa cuatro cargos: privación ilegítima de la libertad, tormentos, amenazas y asociación ilícita, lo que hace más improbable aún la posibilidad de excarcelarlos", informó.
¿Cómo interpreta esta decisión? preguntó Rosario/12.
La figura de asociación ilícita ya se aplica en las causas a los represores de la dictadura que se instruyen en la justicia, en Buenos Aires. Así que nosotros estamos confiados que el juez Rodríguez los va a mantener detenidos -concluyó Pedraza.