El ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y los otros 17 militares y policías acusados por genocidio, terrorismo y torturas por el juez español Baltasar Garzón no están a salvo aunque el gobierno argentino del presidente Fernando De la Rua, rechazó hace 10 días su extradición. Todos serán investigados en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.
LA NACION| Página 6 | Política
El fiscal federal Eduardo Freiler fue designado ayer por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, para que "materialice una investigación preliminar y, en su caso, promueva enjuiciamiento de los hechos traídos a conocimiento en las respectivas jurisdicciones", consigna el oficio.
Freiler es el fiscal que interviene en la causa en la que se investiga desde hace varios años la existencia de un plan sistemático para el robo de bebes durante la dictadura. En ese expediente fueron procesados con prisión preventiva Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, entre otros ex jefes militares.
La designación del fiscal surgió luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores remitiera a la Procuración General de la Nación las actuaciones que envió el juez Garzón, el 21 de agosto último, cuando reclamó la detención preventiva de Brusa, de varios militares que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y de algunos policías federales de la provincia de Santa Fe.
El ex juez y ahora camarista federal Gabriel Cavallo dispuso la detención de los 18 acusados, aunque luego los excarceló. Brusa estuvo prófugo 10 días y luego permaneció 40 detenido en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, hasta que se cumplió el plazo que prevé el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial entre la Argentina y España.
El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que el 16 del actual firmó como canciller por ausencia de Adalberto Rodríguez Giavarini, rechazó el pedido de extradición que formuló Garzón, pero remitió la solicitud del magistrado español a la Procuración "para que promueva la investigación de los hechos que en el mismo se mencionan relacionados con las personas requeridas".
El Gobierno ratificó así el principio de territorialidad, por el que todo hecho ocurrido en nuestro país es competencia de los tribunales argentinos.Patricia Isasa, la denunciante santafecina ante el Juez Garzon, se mostro "satisfecha por el avance hacia una justicia que tanto reclamamos"
Cuatro días después, la resolución de Jaunarena llegó a la Procuración y el fiscal ante la Corte Suprema Luis González Warcalde, en reemplazo del procurador general, Nicolás Becerra, remitió una nota a Moldes en la que solicitó que "se sirva designar fiscal para que realice las averiguaciones preliminares correspondientes y, en caso de resultar pertinente, promueva la investigación de los hechos de su competencia a los que se hace referencia en el pedido".
Para llegar a la verdad
En el mismo oficio en el que nombró a Freiler, el fiscal ante la Cámara sugirió varias medidas para "arribar a la verdad material de lo ocurrido" y adelantó así que piensa impulsar una megainvestigación.
Entre otras pruebas, Moldes indicó que debe "convocarse a los organismos de derechos humanos a fin de que presten la colaboración que les sea posible para sistematizar la información necesaria" y debe pedírseles a los presidentes de todas las Cámaras Federales del país que envíen "un detallado informe sobre la existencia de procesos iniciados, en trámite o fenecidos vinculados con las violaciones de derechos humanos entre 1976 y 1983".
El fiscal también consideró necesario requerir a Garzón "información vinculada con los hechos sobre los que versará la investigación y que no se encuentran en las constancias documentales" enviadas al fundar el pedido extradición de Brusa y los otros 17 presuntos represores. El juez español vendrá al país la primera semana del mes próximo, invitado por la Universidad Nacional de La Plata.