La denuncia contra el juez federal Víctor Brusa que la ex detenida-desaparecida, Patricia Isasa, presentó en España ante el juez Baltazar Garzón -en la causa abierta por "genocidio y terrorismo de Estado en la Argentina-, fue agregada esta semana al expediente con las acusaciones que pesan sobre el magistrado santafesino en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputado de la Nación.
Por Juan Carlos Tizziani, desde Santa Fe.

PEDIDO DE JUICIO POLITICO
El documento de 31 páginas con el testimonio de Isasa fue incorporado a pedido de los diputados frepasistas, Alfredo Bravo y Elsa Combes, quienes promovieron el enjuiciamiento de Brusa en noviembre último, primero por dos cargos: "presunta comisión de delitos" y "conducta indecorosa" y más tarde sumaron un tercer reproche: supuesto "mal desempeño de sus funciones".

Isasa fue secuestrada por un grupo de tareas, en el invierno de 1976, cuando sólo tenía 16 años, y ya hizo dos presentaciones en el consulado de España en Buenos Aires para que sean remitidas a Garzón, por vía diplomática: el 8 de abril último reveló "la connivencia" entre la Justicia Federal de Santa Fe y el grupo de tareas que actuó aquí durante la dictadura, más conocido como la "Patota" y el 20 de mayo amplió esa denuncia con detalles de una "repugnante trama de complicidad" cuando Brusa se desempeñaba como secretario del Juzgado a cargo del fallecido juez Fernando Mántaras. Rosario 12 tuvo acceso exclusivo a ambos escritos.

Los diputados Bravo y Combes pidieron el juicio político de Brusa el 19 de noviembre del año pasado, once días después que un hombre canoso al mando de una lancha blanca arrolló y dejó mal herido al nadador Miguel Pedernera en la laguna Setúbal. El proyecto promueve la destitución del juez "por la presunta comisión de delitos y por no guardar el decoro y conducta que corresponden a su jerarquía de magistrado de la Nación (artículos 53 y 110 de la Constitución nacional)". La causa Pedernera fue tramitada luego por el juez ad hoc Danilo Kilibarda, quien el 22 de diciembre resolvió pedir al Congreso la destitución de Brusa para poder procesarlo por el supuesto delito de "lesiones graves culposas". El caso dio un nuevo giro en marzo último, cuando la Cámara Federal de Rosario declaró la incompetencia de Kilibarda y ordenó remitir el expediente a los Tribunales ordinarios de Santa Fe, donde ya pasó por la mano de tres jueces. El conflicto podría terminar entonces en la Corte Suprema de la Nación.

Entre tantos vaivenes, los diputados Bravo y Combes sumaron al primer pedido de juicio político de Brusa otros antecedentes, entre ellos un fallo de la Cámara Federal de Rosario que redujo a 800.000 pesos los honorarios profesionales de un abogado que el juez federal de Santa Fe había estipulado en varios millones, tal como lo reveló en su momento Rosario 12. Ese caso movilizó a los legisladores a plantear el supuesto "mal desempeño" de Brusa, es decir, un tercer cargo que se sumó a los de noviembre.

Esta semana, los frepasistas agregaron al expediente que se tramita en la comisión de Juicio Político de la Cámara, el testimonio que Isasa ofreció al juez Garzón -en abril y mayo-, según confirmó a este diario la propia diputada Combes. "Vamos a agregar al caso todos los antecedentes que sean necesarios", dijo. El 21 de abril, el diario La Nación informó que Brusa estaba entre los jueces federales que tenían "más de un pedido de enjuiciamiento" en Diputados y su expedientes era uno de "los más avanzados" .

EL INTERROGADOR

Ya en noviembre, Bravo y Combes, recordaron que "el doctor Brusa fue denunciado por ser responsable, por acción u omisión, de serias violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Así en las páginas 196 y 197 del libro "Nunca más", Rubén Viola (un ex militante político que falleció en vísperas de Navidad) relató que luego de varias sesiones de tortura fue interrogado por el secretario del Juzgado, doctor Brusa (legajo 7474 y 7519) en la misma seccional 4a. (de Santa Fe). Cuando el declarante mencionó al magistrado los apremios que había sufrido, éste se rió y le aconsejó que no insistiera con eso porque lo podrían tratar peor aún", dijeron los legisladores.

"Asimismo, Rubén Maulín y Juan Carlos Prado declararon: ’cuando nos toman las declaraciones indagatorias en la seccional 4a. en presencia del juez Mántaras y los secretarios Monti y Brusa, nos encontrábamos descalzos, mojados y con signos de haber recibido apremios de todo tipo y como ignorando nuestro estado nos preguntaron si habíamos sido objeto de malos tratos. Ante nuestra respuesta afirmativa, respondieron que la habíamos sacado liviana", señalaron Bravo y Combes.

Rubén Maulín reiteró ese testimonio en abril último, en el programa "Radiourbano" que conduce la periodista Ana Fiol por la emisora LT 10, en un reportaje en el que su hermana, Alcira Maulín y otro ex detenido-desaparecido, Rafael Julio Niemes, dijeron que Brusa participó como interrogador en sesiones de tortura cuando era secretario del Juzgado Federal, en 1977. "Nos sacaron de la cárcel de Coronda y nos llevaron a la seccional 4a. para torturarnos. Después nos arrastraban hasta la puerta en la que estaban sentados Mántaras y el secretario, el actual juez Brusa. Estábamos mojados, con golpes, incluso algunos con lastimaduras. Y cuando queríamos denunciar la situación nos decían: ’no lo hagan, porque la van a pasar peor’", relató Niemes.

— ¿Quién les decía eso? -se le preguntó.

— Brusa. Me lo dijo textualmente a mi, y cuando abrían la puerta de la oficina, se quedaba uno de la ’Patota’ en la puerta, custodiando para ver si las declaraciones eran exactas, como ellos querían.

— ¿Mántaras y el doctor Brusa les recomendaban que no hablaran porque la iban a pasar peor, que iban a sufrir más torturas?

— Sí señor. Pero le voy a dar un dato concreto. Cuando nos torturaban, en la sala de torturas había uno que escribía a máquina y preguntaba. Y cuando nosotros vamos a declarar ante el juez nos dimos cuenta que era la misma máquina y la misma voz del que preguntaba. Lógicamente, en la tortura nos tenían vendados, pero era la misma voz de Brusa -dijo Niemes.

Maulín coincidió con el relato, pero agregó otro de los martirios: las amenazas que sufrieron mientras eran trasladados del penal de Coronda a la seccional 4a.

ENTRE RISAS

En la denuncia que Patricia Isasa presentó ante el juez Garzón -y que Bravo y Combes incluyeron en su pedido de juicio político a Brusa- el juez federal de Santa Fe es mencionado por lo menos dos veces con nombre y apellido. Isasa estaba detenida en 1976 en la Guardia de Infantería Reforzada. Tenía 16 años. Y en el mes octubre, las "menores -dijo- recibimos una visita significativa. Me llevan a la oficina de Villalba (el jefe de la GIR), en la planta baja, el centro neurálgico y de decisiones del campo. Allí se presenta una persona diciéndome que era sicólogo. Inmediatamente le denuncio el secuestro y la detención ilegal (estaba desaparecida), el trato sádico y brutal, las penosas e infrahumanas condiciones de vida, la humillante y feroz tortura que había sufrido".

"Mientras las interrogaba, les tiraba patadas de karate. Estaba acompañado por personal del Area 212, un eufemismo para llamar a la tristemente célebre ’Patota’", relató Isasa. Brusa "tenía en su poder las declaraciones arrancadas bajo tortura en otro campo de concentración llamado ’La Casita’ que aún no fue encontrado. Estas compañeras tuvieron más de una semana secuestradas y sometidas a torturas, vejámenes y violaciones de todo tipo, sexuales incluídas, en esa casa quinta", en las afueras de Santa Fe. "Esto consta en denuncias realizadas por mis compañeras en setiembre de 1984 ante la Conadep".

"Con espanto, asistimos a una compleja y repugnante trama de complicidad. La connivencia entre el Juzgado Federal a cargo del doctor Mántaras y su secretario, el karateca Brusa, con nuestros secuestradores, torturadores, violadores y asesinos, autotitulados la "Patota" y sus amos del Area 212. Mántaras y Brusa iban a tomar declaraciones, o apretar a lugares ilegales a personas detenidas-desaparecidas o a chupados de institutos penales", enfatizó Isasa. "Apretaron a detenidos para que se autoinculpen en delitos que no cometieron o sencillamente inexistentes. Ignoraron, callaron y nos amenazaron por denunciar los crímenes y a los criminales. Llegaron al extremo de presenciar torturas" .

"La participación en declaraciones ilegales, arrancadas en lugares ilegales, con métodos ilegales y con objetivos ilegales, los transforma en cómplices y los inhibe, ayer, hoy y siempre, para la administración de justicia".