La Magistratura, ante un caso clave. Sera el primero y se basa en la denuncia de una detenida -desaparecida

PEDIDO DE JUICIO POLITICO AL JUEZ SANTAFESINO VICTOR BRUSA

Sobre Brusa, que hoy es el único juez federal de Santa Fe porque el otro juzgado está vacante, pesan varias acusaciones. La más grave es que tomó declaraciones en centros clandestinos de detención durante la última dictadura, cuando era secretario del mismo juzgado. Su nombre ya había sido mencionado en los testimonios recogidos por la Conadep.
CLARIN -DANIEL GUTMAN

El Consejo de la Magistratura comenzó a dar señales de que pretende agilizar el trámite preliminar del juicio político contra el juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa. Cuando algunas voces, incluso dentro del propio Consejo, comienzan a quejarse de la falta de ejecutividad del nuevo organismo, la forma en que se maneje en las próximas semanas el caso Brusa podría ser clave para su futuro.

Sobre Brusa, que hoy es el único juez federal de Santa Fe porque el otro juzgado está vacante, pesan varias acusaciones. La más grave es que tomó declaraciones en centros clandestinos de detención durante la última dictadura, cuando era secretario del mismo juzgado. Su nombre ya había sido mencionado en los testimonios recogidos por la Conadep.

Además, la Justicia sospecha firmemente que fue quien en noviembre de 1997 atropelló con su lancha a un nadador y lo dejó abandonado en una laguna cercana a Santa Fe.

También se lo involucra en una maniobra con un abogado, a quien le reguló 16 millones de pesos de honorarios, que luego la Cámara Federal de Rosario redujo a 800 mil.

La solicitud de juicio político en su contra, realizado por la ex-detenida desaparecida Patricia Isasa, a traves del diputado Socialista Alfredo Bravo , victima tambien de la Dictadua. El caso Brusa, fue uno de los casi 200 que el Consejo heredó de la Cámara de Diputados.

Los consejeros habían resuelto pedirle al juez español Baltasar Garzón copias de los testimonios de Patricia Isasa, y otros ex detenidos (que declararon por poder), que en Madrid acusaron a Brusa de haber presenciado sesiones de tortura durante la represión ilegal.
Ese trámite, vía judicial, iba a demorar al menos seis meses. La semana última, los consejeros desistieron del pedido para que no se demore tanto el caso.

El Consejo de la Magistratura fue creado en la reforma constitucional de 1994 y tiene como una de sus misiones básicas la de acusar jueces para que sean enjuiciados y eventualmente destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento. Pero en los casi ocho meses que lleva de vida el organismo todavía no realizó ninguna acusación y ni siquiera sometió alguna a votación. Hacen falta los votos de al menos 14 de los 20 integrantes del Consejo para que se apruebe el enjuiciamiento.Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento -integrado por tres jueces, tres legisladores y tres abogados- está en funcionamiento, con una planta de 64 personas y sin trabajo a la vista para hacer. La mayoría ya coincide en que fue un error legislativo haberlo creado como un órgano de carácter permanente.
Somos conscientes de que el Consejo de la Magistratura necesita producir algún hecho político significativo lo más rápido posible para no caer en el mismo descrédito que otras instituciones.

En ese sentido, Brusa es un juez que sin duda debe ser acusado y seguramente lo vamos a hacer. Pero necesitamos reunir todas las pruebas posibles y eso lleva un tiempo, dijo a Clarín uno de los consejeros.La luz de alerta la prendió otro de los consejeros, el profesor de Derecho constitucional Humberto Quiroga Lavié. Yo espero -dijo- que la Comisión de Acusación del Consejo no se convierta en una réplica de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que era una sombrilla protectora para los jueces amigos.Para acusar a un juez -agregó- no hace falta que exista prueba acabada en su contra.

El enjuiciamiento a un juez no es como un juicio penal a cualquier ciudadano. Se trata de un juicio de valoración política. Basta con que exista una sospecha fundada de que cometió un delito, o la comprobación de que ya no tiene la idoneidad o la credibilidad que hace falta para ser juez, para que se lo destituya.