Después de escuchar a seis ex detenidos desaparecidos, los miembros del Consejo de la Magistratura pudieron entender por completo la función que cumplió el actual juez Federal de Santa Fe Víctor Brusa durante la última dictadura: amenazar a personas secuestradas para que firmaran una declaración que había sido extraída durante la tortura. Si los detenidos se oponían, Brusa acostumbraba a hacer una demostración de karate. “Les agradezco esta oportunidad, en memoria de dos generaciones de desaparecidos”, dijo al terminar Roberto Angel Cepeda y no pudo contener las lágrimas.
Pagina/12-Por Victoria Ginzberg
Patricia Isasa se abraza con Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.FOTO
El juez federal Víctor Brusa deberá hacer su descargo el 31 de agosto ante la Magistratura.
Algunos de los miembros del Consejo consideraron que ya existen suficientes elementos para presentar la acusación contra el magistrado. Brusa deberá hacer su descargo el 31 de agosto.
Anatilde Bugna fue secuestrada el 23 de marzo de 1977. Después de pasar por La Casita, un centro clandestino de las afueras de Santa Fe, cuya ubicación exacta se desconoce, fue trasladada a la Guardia de Infantería Reforzada. Allí se “entrevistó” con Brusa, a quien conocía de la facultad. El entonces secretario del juzgado de Fernando Mántaras quería que la detenida ratificara la declaración que le habían tomado mientras la torturaban. Cuando ella le dijo a Brusa cómo habían obtenido el supuesto testimonio, él le contestó: “Agradecé que lo podés contar”. Durante el resto del interrogatorio, Brusa la hostigó con patadas de karate que terminaban a centímetros de la cara de la mujer.
Ana María Cámara fue detenida el mismo día que Bugna y pasó por los mismos centros clandestinos. Al igual que su compañera, fue amenazada por Brusa para que ratificara una declaración que le hicieron firmar estando desnuda y encapuchada. Y al intentar cambiar su testimonio recibió otra demostración del karateca Brusa, que la amenazó con que “los muchachos” se iban a encargar de aplicarle nuevamente “la 220”.
Patricia Isasa, y Carlos Pacheco completaron la lista de testigos. Al término de cada testimonio los testigos se abrazaban con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Todos habían declarado en el juicio que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón, que procesó a Brusa. La Comisión de Acusación del Consejo resolvió escuchar nuevos testimonios la próxima semana. Entre los citados está el juez Víctor Monti, que también fue secretario en el juzgado de Mántaras.
Aunque no quedaron dudas acerca de la participación del juez federal de Santa Fe en hechos que están muy lejos del ideal de justicia, su remoción podría no ser lineal. Esto se debe a que los senadores que en 1992 dieron su acuerdo para que fuera nombrado –los justicialistas Deolindo Felipe Bittel, Julio Amoedo, Remo Constanzo, Rogelio Nieves y Alfredo Benítez– conocían los antecedentes de Brusa y de todas maneras lo apoyaron. Luis León, Edison Otero, Adolfo Gass y José Antonio Romero Feris se opusieron.
El hecho de que se nombrara a Brusa a conciencia implica que una acusación podría ser interpretada como la revisión de un acuerdo dictado por el Senado y el Consejo debe juzgar el desempeño actual de los magistrados. Por ese motivo, el consejero Juan Gersenobitz preguntó a los testigos acerca del respeto que le tiene a Brusa la sociedad santafesina. “Es terrible que no nos hayan escuchado cuando intentamos que no lo nombraran. En Santa Fe la gente no puede creer que esté administrando justicia”, aseguró Isasa.
El motivo de la consulta es que una vieja disposición expresa que una persona muy desprestigiada o con poca credibilidad no puede ejercer como magistrado y según la información que manejan algunos consejeros, Brusa no puede ir a lugares públicos porque en todos lados recibe manifestaciones de repudio.