Leyendo su testimonio frente al Consejo de la Magistratura, el juez de Santa Fe descalificó a los testigos que lo acusan de amenazas durante la dictadura y negó otros dos cargos.
Víctor Brusa se mostró como un "simple empleado", pero lo acusan de forzar declaraciones.
También lo acusan de atropellar con su lancha a un nadador y huir sin prestarle asistencia.
Pagina 12/ Por Victoria Ginzberg

Esperó unos momentos antes de sentarse en uno de los confortables sillones de la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura. Recién se acomodó después de que los fotógrafos dispararan unas cuantas veces sobre su figura de hombre flaco, canoso y bronceado. Luego, leyó su descargo.

El juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa rechazó ayer haber tomado declaraciones en centros clandestinos y haber obligado a detenidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura durante la última dictadura militar. También negó haber sido la persona que atropelló a un nadador en la laguna Setúbal. Los consejeros evaluarán mañana la situación del juez.

Apenas se sentó, Brusa se pasó la mano por la nariz, se calzó los lentes y comenzó a leer. En su descargo, analizó los tres temas que la Comisión
de Acusación del Consejo está analizando para considerar si eleva su caso al plenario del organismo y luego al Jury de enjuiciamiento:
1.el accidente en la laguna Setúbal,
2.un fallo en que fijó honorarios altísimos para un abogado y
3.su participación en la represión ilegal.

"Se oye francamente ridículo sostener que un sistema represivo necesitaba de un simple empleado judicial para obtener falsas declaraciones", aseguró Brusa como si el accionar de la última dictadura no hubiera escapado a la racionalidad.

El juez, que está procesado en la causa por genocidio y terrorismo de Estado que lleva adelante el magistrado español Baltasar Garzón, intentó descalificar a los ocho ex detenidos que declararon ante el Consejo.
Ellos aseguraron que fueron obligados por Brusa a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura y fueron amenazados con que volverían a ser maltratados si no acataban sus órdenes cuando estaban detenidos en la Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), lugares en los que funcionaron centros clandestinos

"Como yo me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme. Los presos que estaban en las otras celdas me confirmaron que ése era el procedimiento habitual: torturas, declaraciones forzadas, interrogatorio de Brusa que se transformaba en una nueva sesión de tortura si era necesario", atestiguó José Schulman.

El juez calificó de "falaces" e "indemostrables" las palabras de los testigos y aseguró que nunca entrevistó a nadie que no estuviera a disposición de algún juez.
Afirmó "no recordar", debido al paso del tiempo, si había estado alguna vez en la Comisaría 4ª de Santa Fe o en la GIR y remarcó que en 1976 y 1977 él era un simple "escribiente" que fue nombrado secretario en abril de 1978.

Sin embargo, durante la audiencia se leyó la desgrabación de una entrevista radial que realizo Lorena Maciel en el Programa de Radio Mitre , cruzando a la primera denunciante Patricia Isasa con Brusa. Alli el magistrado aceptaba haber concurrido a la GIR, aunque rechazaba que hubiera sido un centro clandestino, tal como consta en el Nunca Más.

Por los dichos de Brusa, todo parecía una conspiración montada en su contra. "Los hechos no ocurrieron", dijo, nervioso pero contenido, cuando se le preguntó porqué se inventaría una acusación de este tipo.
Mientras Brusa negaba en la cara de Patricia Isasa –una de sus víctimas– su participación en la represión, entró a la sala Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, con su pañuelo blanco en la cabeza.

En relación con el accidente de la laguna, Brusa aseguró que los argumentos del pedido de juicio político presentado en noviembre de 1997 por los diputados Alfredo Bravo y Elsa Combes perdieron actualidad. "Las actuaciones no tienen validez porque se declararon nulas", dijo Brusa. Pero se le recordó que si bien esa causa comenzó de cero a principios de este año, el juez que tiene actualmente el expediente, Raúl Candioti, pidió su desafuero en abril para indagarlo por "lesiones graves culposas".

El delito se habría cometido el 8 de noviembre de 1997 en la laguna de Setúbal, cuando un hombre canoso en una lancha blanca atropelló al nadador Miguel Pedernera y huyó.
Pedernera fue rescatado a dos metros bajo el agua con una fractura de cráneo. Posteriormente, varios testigos identificaron al "hombre canoso" como el juez federal de Santa Fe.
"Niego haber participado en este desgraciado accidente", aseguró Brusa ayer.

Por último el magistrado se remitió al expediente en el que reguló honorarios por casi 16 millones de pesos a favor de la Sociedad Médica de Santa Fe. El juez dijo que si bien la Cámara de Rosario bajó los dividendos (a 800 mil pesos), éste no sería un motivo para ser acusado por "mal desempeño".

Brusa se retiró de los tribunales después del mediodía. Al salir se encontró con la bandera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y varios miembros de los organismos de derechos humanos que lo despidieron al grito de "rata", "cómplice" y "asesino".

Los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo se reunirán mañana para analizar la situación del juez y decidir si se cita como testigo a Víctor Monti, el otro secretario del juez Fernando Mántaras durante ladictadura.

La colaboración de Brusa con la represión, no sería causal directa para su remoción ya que los senadores que en 1992 dieron su acuerdo para que fuera nombrado conocían sus antecedente. En ese momento los justicialistas Deolindo Felipe Bittel, Julio Amoedo, Remo Constanzo, Rogelio Nieves y Alfredo Benítez votaron a favor y Luis León, Edison Otero, Adolfo Gass y José Antonio Romero Feris se opusieron. Una acusación por este tema podría ser interpretada como la revisión de un acuerdo dictado por el Senado, algo que escaparía a las atribuciones del Consejo
.
La participación de Brusa en interrogatorios ilegales, en cambio, tendría influencia para acreditar algo que sucede actualmente: el desprestigio de un juez que ya tuvo que afrontar varios escraches.

Brusa, que sabía de esta estrategia, hizo llegar al Consejo una lista con firmas en su apoyo. Pero por la tarde el organismo empezó a recibir faxes en los que se pedía su destitución. Otro elemento clave para la situación de Brusa es el pedido de desafuero realizado por el juez Candioti en abril. Los jueces deben responder este requerimiento rápidamente ya que la causa por el accidente prescribe en dos meses.