El juez que tiene preso a Pinochet decidió avanzar sobre los represores argentinos y le dará al gobierno electo la oportunidad de diferenciarse aún más de Menem, quien ordenó no brindar asistencia jurídica a Garzón.
Pagina 12/Por Martín Granovsky
El juez que tiene preso a Pinochet decidió avanzar sobre los represores argentinos y le dará al gobierno electo la oportunidad de diferenciarse aún más de Menem, quien ordenó no brindar asistencia jurídica a Garzón.
Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez tendrán una maravillosa oportunidad de diferenciarse de Carlos Menem: el juez Baltasar Garzón dictará el procesamiento de cien represores argentinos y pedirá su extradición para juzgarlos en España por genocidio y terrorismo.
Por decreto, Menem ordenó no brindar asistencia jurídica a Garzón.
La orden de procesamiento del juez que ya consiguió un fallo para extraditar a Augusto Pinochet abarcará por ejemplo a las juntas militares de la dictadura, a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada y, entre otros, a Antonio Domingo Bussi, el señor de la vida y de la muerte en Tucumán a comienzos del gobierno militar. La causa española es impulsada por la acusación popular que motoriza el abogado argentino Carlos Slepoy.
Página/12 pudo establecer que De la Rúa y Alvarez ya analizaron, por separado y en conjunto, la situación que podría plantearse y cuál sería su respuesta en este momento a un reclamo de Garzón. La contestación cabe en tres palabras: “La Justicia decidirá”
De la Rúa ya se diferenció de Menem cuando aún no era Presidente electo. En la conferencia de prensa final de la Internacional Socialista fue consultado sobre cuál sería su actitud si llegara a la Argentina un pedido de extradición como el de Pinochet. “Es un tema que tendrá que resolver la Justicia”, dijo. Alvarez compartió entonces la posición.
La fórmula volvió a diferenciarse cuando se planteó la extradición de Lino César Oviedo. Al criticar el rechazo por parte de Menem, dijeron que ellos no hubieran cerrado desde el Ejecutivo el camino para que actuase el Poder Judicial. Al contrario: hubieran dejado actuar a los jueces y, si ellos resolvían que el pedido de extradición era viable, después lo hubieran admitido. Un grupo fue decisivo en el asesoramiento a De la Rúa en el caso Oviedo y en el caso Pinochet. El entonces candidato consultó, muchas veces de a uno, al experto en Derechos Humanos de Naciones Unidas Leandro Despouy, al vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Simón Lázara y al ex camarista que juzgó a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra. Alvarez sumó al jurista Rafael Bielsa y al penalista Raúl Zaffaroni.
Pocos días antes de las elecciones, cuando se produjo el último fallo de la Justicia británica concediendo la extradición de Pinochet para que pueda juzgarlo Garzón, De la Rúa incluso dejó su posición de cautela extrema y dijo que estaba “encantado” con la sentencia. Incluso aceptó que podría revisar el otorgamiento de medallas argentinas a Pinochet. “Puede estudiarse”, dijo
Alvarez es miembro de la APDH. De la Rúa no, pero sus asesores de campaña dijeron a este diario que uno de los fenómenos nuevos de su último año de vida política fue el contacto con este sector. Y una dirigente de derechos humanos, Lucía Alberti, es directora de Participación Comunitaria de la administración porteña.
Como jefe de Gobierno de la ciudad, se desprendió de dos funcionarios cuestionados por su posición ante las garantías individuales. Uno, el jefe de la policía municipal, Norberto Varela. Otro, Fernando López Imizcoz, asesor del vicejefe Enrique Olivera, que se presentaba a sí mismo como “jefe de inteligencia”.
Con estos antecedentes, el pedido de Garzón funcionará como un test ya no del De la Rúa candidato sino del Presidente Fernando de la Rúa.
La primera chance es que De la Rúa cambie de postura y responda a Garzón con una declaración política, invalidando su jurisdicción. En ese caso, se acercaría a la línea de Menem.
La segunda alternativa, que parecía anoche más probable, es que insista en la posición de la campaña y solo prometa que dejará actuar a la Justicia. Si lo hace, estará dando una señal de que al menos en un aspecto la institucionalidad prometida puede ser real y conseguirá distanciarse de Menem.
El actual Presidente, que ordenó a Guido Di Tella y Raúl Granillo Ocampo no colaborar con Garzón, fue denunciado por los diputados Alfredo Bravo y Jorge Rivas por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de tratados internacionales.
Tendrá poco espacio para prometer algo y hacer luego algo distinto. Falta solo un mes y medio para que asuma la Presidencia, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y es probable que sea la nueva Cancillería la que deba recibir el pedido de la Cancillería española.
El jefe del Palacio San Martín no está designado. Hasta ahora, como saben los lectores de este diario desde el martes por la mañana, solo está trabajando el equipo de transición para Relaciones Exteriores. Lo coordina Rodolfo Terragno, que como periodista debió exiliarse en Londres para no ser una víctima más de los secuestros planeados por los dictadores que Garzón se propone procesar.
PINOCHET PROSESADO
El juez español solo tiene procesado a Pinochet. El pelotón argentino ampliaría notablemente el número. Figurarán en el procesamiento, además de las primeras juntas y de Bussi, los jefes de la represión Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Mason, represores de menor rango de Tucumán y Santa Fe y el juez Víctor Brusa. De todos ellos Garzón tiene “indicios racionales” que a su criterio le permiten implicarlos y solicitar la extradición.
Si De la Rúa, ya como Presidente, conserva su idea sobre el tema y los pedidos llegan a la Justicia, se planteará una situación compleja.
Algunos de los represores ya están siendo juzgados en la Argentina. Esa condición alcanza, por ejemplo, a Jorge Videla, Emilio Massera y los marinos que integraban el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica. Todos ellos perdieron su libertad porque ni el Punto Final ni la Ley de Obediencia Debida amparaban el robo de bebés. Otros no están bajo la acción de la Justicia. Y uno, Bussi, puede quedar preso no bien caigan los fueros que por el momento lo protegen. Página/12 publicó ayer los detalles del proceso de impugnación a su diploma de diputado electo, que podría impedir el acceso del dictador a una banca.
Una de las claves de cualquier solución es cómo viene redactado el pedido del juez español. Puede prestarse a interpretaciones disímiles si invoca los delitos de genocidio y terrorismo de Estado. Un juez argentino podrá decir que esos delitos no figuran en el Código Penal argentino. Las tres primeras juntas militares, por caso, fueron procesadas por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tortura y falseamiento de documento público. Pero otro juez argentino podrá argumentar que la Argentina debe supeditarse a la ley internacional, que contempla sanciones para el genocidio en su definición más restringida, como política de destrucción de un grupo nacional, religioso o étnico, o más amplia, como estrategia de destrucción de un grupo tipificado como tal por los propios planes de represión criminal.
Claves
Hasta ahora el juez Garzón tiene un solo procesado: Pinochet.
1-En la causa por genocidio hay casi 200 imputados argentinos.
2.-El juez dictará el procesamiento de 100 de ellos y enviará el pedido de extradición a la Argentina.
3.-Durante la campaña, De la Rúa y Alvarez prometieron que en un caso así dejarían actuar a la Justicia para que ella decida si corresponde o no conceder la extradición de un represor a España.
4.-De la Rúa deberá revalidar su promesa como presidente electo. Página/12 tiene indicios de que insistirá en la defensa de la Justicia como única instancia de decisión.
5.- El pedido de Garzón incluirá a las juntas militares, los marinos de la ESMA y Bussi.