GARZON envio el pedido de detencion de 18 represores

Camino al juicio o a la extradición

El lunes, el juez federal Gabriel Cavallo empezará a analizar el pedido de extradición de 18 represores enviados por su par español en el marco del Juicio por Terrorismo de Estado y Genocidio. Según el artículo 7 del convenio de Extradición, la alternativa es juzgarlos en el país o extraditarlos.
El pedido de detención que llegó desde Madrid a través de Interpol fue librado el 21 de agosto pasado.
PAGINA 12/Por Victoria Ginzberg

El juez federal Gabriel Cavallo podría ordenar la detención de 19 represores, si hace lugar a los pedidos provenientes de España e Italia que llegaron a su juzgado.
El ex magistrado Víctor Hermes Brusa y los marinos Fernando Enrique Peyón, Raúl Enrique Scheller y José Antonio Suppicich figuran en una solicitud que hizo Baltasar Garzón. El ex general Guillermo “Pajarito” Suárez Mason –que ya está preso por robo de bebés– fue requerido por la Justicia alemana. Cavallo comenzará a analizar los documentos el lunes, cuando regrese al país desde España donde participó en distintos foros sobre la justicia internacional. Y aunque los militares no arriben al destino solicitado, podrían ser juzgados aquí

El pedido de detención que llegó desde Madrid a través de Interpol fue librado el 21 de agosto pasado. Garzón reclamó el arresto de 18 personas -doce represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y seis de la provincia de Santa Fe– por los delitos de “terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas; y genocidio”. Se trata de acusados que no fueron incluidos en la nómina de 48 militares que fue cajoneada a principios del año pasado por el entonces juez Gustavo Literas, de acuerdo con la voluntad del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra.

Ahora, el juez Cavallo debe analizar si detiene a los represores –o podría abrir un juicio de extradición sin arrestarlos–. En caso de que haga lugar al reclamo de Garzón, España iniciaría formalmente el proceso para que los acusados sean trasladados y, luego, intervendría el ministerio de Relaciones Exteriores, tal como ocurrió con Alfredo Astiz cuando la justicia italiana pidió su detención por los asesinatos de Juan y Susana Pegoraro y Angela María Aieta.

“Si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad debería someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél”, dice el artículo 7 del convenio entre Argentina y España.

Es decir que si el Gobierno mantiene la línea que trazó con Astiz, es de prever que los acusados no lleguen a Madrid pero también que la Justicia argentina investigue a los militares que están imputados allí. Y el hecho de que Cavallo sea el juez que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no es un dato menor en esta hipótesis. Por otro lado, en la lista enviada por el juez español figura un civil, el ex magistrado Brusa, que no estaría amparado por las normas que beneficiaron a los militares.

Brusa fue juez federal en Santa Fe hasta que ocho ex detenidos se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para relatar que el hombre –cuando era empleado en el mismo juzgado– los obligaba a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura. Anatilde Bugna, que fue secuestrada el 23 de marzo de 1977, narró que cuando le dijo a Brusa cómo habían obtenido los militares su testimonio, él le contestó: “agradecé que lo podés contar”. Y que durante el resto del interrogatorio el ex juez la hostigó con patadas de karate que terminaban a centímetros de su cara.

Patricia Isasa secuestrada en vacaciones de Julio del 76’ con solo 16 años, contó que estando cautiva en la Guardia de Infantería de Santa Fe, la fue a ver un supuesto “psicólogo”. Cuando la joven le quiso contar lo mal que estaban todos en ese lugar, él se rió y le dijo. “No piba acá queremos escuchar otra cosa”. El “psicólogo” no era otro que Brusa.
La destitución del ex magistrado –en marzo del año pasado– no pudo ser fundada en su participación en el terrorismo de Estado porque los legisladores que lo nombraron conocían su legajo. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento se basaron en otro hecho, que marcó una continuidad en la conducta del ex juez: en 1997 atropelló con sulancha y dejó sin asistencia a un nadador. Pero los antecedentes de complicidad con la dictadura fueron cruciales para definir su salida del Poder Judicial.

LA LISTA
Además de Brusa, la lista de Garzón se completa con: María Aevis , Miguel Angel Benazzi Berisso, Roberto Rubén Carnot, Héctor Romeo Colombini, Hugo Enrique Damario, Mario José Facino, Roberto Oscar González, Jorge Luis Magnacco –detenido por apropiación de bebés–, Salvio Olegario Menéndez, Juan Calixto Perizotti, Fernando Enrique Peyón, Jorge Carlos Rádice -preso por robo de bienes de desaparecidos– Eduardo Alberto Ramos, Gonzalo Sánchez, Francisco Lucio Rioja, Raúl Enrique Scheller y José Antonio Suppicich.

Cavallo también deberá examinar un pedido del tribunal de Nuremberg, que ordenó la captura internacional de Suárez Mason por el “secuestro, tortura y homicidio calificado por alevosía” de Elizabeth Käsemann. El 26 de mayo de 1977 Pajarito informó públicamente de un “enfrentamiento” en el que murieron 16 personas, entre ellas, cuatro mujeres. Una de ellas era Elizabeth. Su padre, el teólogo Ernst Hainrich Friederich Käsemann, viajó a Buenos Aires para recuperar los restos de su hija y denunció que tuvo que pagar 22 mil dólares para que le entregaran un cuerpo sumamente castigado: no tenía cabellos ni ojos. La autopsia realizada por los médicos forenses de Tübingen demuestra que le dispararon a corta distancia y por la espalda.