Cuando los efectivos de la Policía Federal llegaron hasta la casa de Brusa, no lo hallaron.

El ex juez Brusa eligió "fugarse para no entregarse a la policía"

La orden de captura contra el ex juez santafesino, dictada a pedido del magistrado español Baltasar Garzón, no se concretó porque Brusa se fugó. Presentó un pedido de eximición de prisión para eludir la detención.
El ex juez Víctor Hermes Brusa, acusado de genocidio, terrorismo y torturas en Madrid, se convirtió en prófugo de la Justicia. La policía allanó su casa en Santa Fe, pero no lo encontró. Lo mismo ocurrió con los otros cinco represores de esa provincia que el juez federal Gabriel Cavallo ordenó detener a pedido de su par español Baltasar Garzón.
PAGINA 12/Por Victoria Ginzberg

Brusa solicitó, a través de sus abogados, su “eximición de prisión” y aunque estaría en Buenos Aires, hasta ayer por la noche no había decidido entregarse.

Brusa y los policías Héctor Romero Colombini, Mario José Fasino, Eduardo Alberto Ramos, Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aevis fueron buscados por la Policía Federal luego de que Cavallo se quejara formalmente porque no se habían efectivizado las detenciones y que la justicia santafesina rechazara un pedido para que el magistrado porteño que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se apartara de la causa.

EL FAX DEMORO UNA SEMANA Y ES ILEGIBLE
En Santa Fe, aseguraban que el fax que se había enviado la semana pasada estaba ilegible. Y cuando los efectivos de la Policía Federal llegaron hasta la casa de Brusa, no lo hallaron.

HUIR ANTES QUE ESTAR EN LA G.I.R.
"Se profugan antes que estar detenidos en la GIR....y eso que hiban a tener todas las comodidades y garantias que ellos mismos nos negaron cruelmente" Dijo Patricia Isasa, una de las impulsoras de la causa.

Las personas buscadas por Garzón iban a ser alojadas en la Guardia de Infantería Reforzada, que funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Los victimarios huyeron antes de ser alojados en el lugar al que llevaban a sus víctimas. Aunque sus arrestos hubiesen sido sustancialmente diferentes, ya que contarían con todas las garantías de la ley.

La semana pasada, Cavallo dispuso la detención de 18 represores, de acuerdo a una solicitud de Garzón. Siete marinos que figuraban en el pedido de captura se presentaron espontáneamente en el Edificio Libertad y el juez autorizó su excarcelación, aunque todos deben reportarse en el juzgado cada diez días. Sin embargo, Cavallo no necesariamente le concedería este beneficio a Brusa.

EL ABOGADO DE BRUSA EL Dr.BIANCHI DEFENDIO AL NAZI PRIEPKE
Ayer, el ex juez solicitó, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires, su eximición de prisión. En su provincia la presentación fue realizada por su hermano, Horacio Brusa, quien también le ofreció sus servicios cuando Víctor Hermes se enfrentó al Jury de Enjuiciamiento. En esa oportunidad, no logró que el acusado conservara su puesto en la justicia federal. Brusa fue destituido por haber atropellado a un nadador con una lancha y huir y tener un currículum que lo señalaba como colaborador de los grupos de tareas santafesinos. En Buenos Aires, el abogado de Brusa es Pedro Bianchi, ex defensor del nazi Erich Priebke y del dictador Emilio Eduardo Massera.

Cavallo ya informó a la Cancillería su decisión de dar curso al pedido enviado por Garzón. Ahora el gobierno argentino debería comunicar este hecho a Madrid. El magistrado español tiene cuarenta días para enviar los pedidos formales de extradición. En ese proceso intervendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores y es de esperar que rechace la solicitud de Garzón, tal como ocurrió cuando la justicia italiana reclamó el juzgamiento de Alfredo Astiz en Roma por los asesinatos de Juan y Susana Pegoraro y de Angela María Aieta. Pero si el Gobierno mantiene la posición que tuvo con Astiz, debería girar las denuncias a la Justicia.

EL CONVENIO DE EXTRADICION
De hecho, el convenio entre Argentina y España establece en su artículo 7 que “si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad debería someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel”. Aunque en este caso el Gobierno decidió anticiparse. Ya presentó, a través del Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, un escrito con su opinión sobre el tema. Allí se indica que los militares tienen derecho a ser juzgados en Argentina y que no hay razones de urgencia para ordenar la detención de los acusados.