El ex policía Eduardo “Curro” Ramos, cuya extradición había sido solicitada por el juez español Baltasar Garzón en la causa que conduce por violaciones a los derechos humanos, se entregó ayer en la sede del Arzobispado de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia Federal. De este manera, el único de los imputados que sigue prófugo es el ex juez federal Víctor Brusa, buscado por fuerzas de seguridad de varias provincias
PAGINA 12/ Por V.G.
En Argentina, la causa está en manos del juez federal Gabriel Cavallo, quien aceptó la resolución de Garzón.
El magistrado español reclamó el arresto de Brusa y 17 represores –una docena de ellos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– por el delito de “terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, desaparición forzada de personas y genocidio”.
El martes ya se habían entregado los ex policías Juan Perizotti, Héctor “Pollo” Colombini, Mario José Facino y María Eva Aebi, a quienes Cavallo finalmente les concedió la excarcelación. Por su parte, Ramos será trasladado hoy a Capital Federal.
Brusa, desde la clandestinidad, tramitó un pedido de exención de prisión, y desde que recibió una respuesta desfavorable se mantiene rebelde.
El ex juez santafesino fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento luego que el Consejo de la Magistratura lo acusara por mal desempeño en sus funciones. Se le atribuyó, además, haber tolerado torturas cuando era secretario federal durante la última dictadura.
Ramos se desempeñaba hasta hace unos meses como empleado de la Municipalidad de Santa Fe, pero su nombramiento fue dejado sin efecto al trascender que estaba exonerado de la policía de la provincia por tener una condena a mas de 10 años de prision por "delitos comunes".
Cuando se conoció el pedido de extradición de Garzón, tres agrupaciones políticas pidieron a la Secretaría Electoral de Santa Fe que lo excluyera de sus listas, en las que aparece para diputado nacional.
La realidad es que hay pocas chances, por ahora, de que los detenidos sean extraditados, ya que el Gobierno argentino vino sosteniendo el principio de territorialidad de la Justicia local y rechazó la remisión de otros acusados al exterior, como el ex capitán Alfredo Astiz.