SANTA FE.- El ex juez federal Víctor Hermes Brusa -el primer magistrado destituido por el Consejo de la Magistratura-, y cinco ex agentes de la policía santafecina podrían ser detenidos y sometidos a juicio por la justicia federal santafecina.
El gobierno de Fernando de la Rúa impidió el año último su extradición a España,
LA NACION/ José Enrique Bordón
El fiscal federal N° 1, Alejandro Luengo, elevó el requerimiento al juez Reinaldo Rodríguez, aludiendo a los delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, por los que pretendía juzgarlo el juez español, a raíz de una denuncia que tramitó en aquel país la argentina Patricia Isasa.
En su escrito de 70 carillas, el fiscal consideró que los delitos aludidos son "imprescriptibles" e "inadmisibles", por lo que los imputados aún pueden ser juzgados, no obstante el tiempo transcurrido.
Luego requirió de Rodríguez la indagatoria pertinente y la aplicación de las penas vigentes al momento en que se cometieron los delitos investigados, ya que la ley penal fue actualizada con posterioridad. Además de Brusa, están involucrados en la causa los ex policías Héctor Colombini, Mario Facino, Eduardo Ramos, Juan Perizzotti y María Aevis.
El año pasado, cuando Garzón solicitó la extradición de los nombrados, el juez federal Gabriel Cavallo (ahora camarista) ordenó la detención, pero cuando se intentó cumplirla, Brusa y Ramos permanecieron prófugos durante varias jornadas.
Una decisión del entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, impidió la extradición, dejando a salvo la posibilidad del juzgamiento de los imputados en territorio argentino. El titular de la Cámara Federal de la Capital Federal, Germán Moldes, ordenó al fiscal de primera instancia, Eduardo Freiler, la apertura de la investigación, cuya denuncia se tramitó ante la justicia federal santafecina y recayó en el fiscal Luengo.
Si el juez Rodríguez acepta el pedido de indagatoria, puede resolver la detención de los involucrados ya que son delitos que no son excarcelables.
Brusa fue destituido en mayo de 2000 por el Consejo de la Magistratura, pero no por su supuesta participación en la represión ilegal sino por mal desempeño de sus funciones, por obstrucción en la investigación de un accidente que protagonizó con su lancha.