SANTA FE. - El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, declaró ayer la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en una causa iniciada en España contra el ex juez federal Víctor Brusa, y cinco ex policías, a quienes varios detenidos durante la última dictadura militar acusaron de privación ilegítima de la libertad.
LA NACION/José E. Bordón
De esta manera, éste es el primer caso derivado del enjuiciamiento conocido como Juicio Garzón -en relación con el juez español que investigó tales denuncias en nuestro país-, que se instruye como causa penal ordinaria. Por ello, de ahora en más, el juicio a los implicados tendrá las mismas características que cualquier causa penal, según explicó a LA NACION el fiscal federal Alejandro Luengo, que elevó oportunamente el requerimiento de indagatoria al juez Rodríguez, aduciendo que los delitos incriminados a los denunciados son imprescriptibles.
En su resolución, el magistrado declaró inválidos e inconstitucionales el artículo 1° de la ley 23.492 (punto final) y los artículos 1, 3 y 4 de la ley 23.591 (obediencia debida), ordenó la instrucción del sumario para la averiguación de la presunta comisión de los delitos denunciados, contra autores, cómplices y encubridores, e hizo lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía, por lo que recibirá declaración testimonial a los involucrados.
Pedido a Garzón
También libró oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que remita copia de los legajos instruidos con la Conadep y tengan relación con la causa. Vía exhorto diplomático solicitará al Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo del juez Baltasar Garzón, copia de los testimonios obrantes en el sumario por terrorismo y genocidio que lleva adelante en España.
En otra parte de su resolución, el magistrado ordenó librar oficio a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para que informe cuáles fueron los cargos ocupados por Víctor Brusa entre marzo y diciembre de 1983, así como que informe la identidad de las personas que se desempeñaron como jueces y secretarios en igual período.
Se descuenta que en el curso de las próximas dos semanas, el juez comenzará con las indagatorias a los denunciantes, entre los que se encuentran Patricia Isasa, José Schulman, Anatilde Bugna, y Orlando Barquín. Precisamente, Isasa fue quien impulsó ante Garzón su denuncia contra Brusa, acusándolo de tormentos cuando actuaba como secretario del juzgado federal santafecino.